La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Graciela Blanco, ha criticado hoy que el Gobierno de Mariano Rajoy deje exclusivamente en manos del Principado la financiación de la lucha contra la exclusión social y el mantenimiento de la Ley de Dependencia. Blanco ha realizado estas declaraciones tras conocer la cuantía que le corresponde a la comunidad autónoma y que se aprobó hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En este reparto del fondo de 32 millones para combatir la pobreza infantil, a Asturias le ha correspondido 1.088.072, el 3,4 % del total. Según Blanco, aunque supone un leve incremento respecto a 2014, “todavía resulta insuficiente”, y ha recordado que el Principado es la única comunidad que contribuye con fondos propios al aumento de esta partida para que llegue al mayor número de familias con menores a su cargo.

Graciela Blanco ha reiterado la demanda de establecer un pacto de Estado entre todas las administraciones para combatir la pobreza infantil y que el fondo para ello se incluya en los presupuestos generales para garantizar su aportación en el futuro.

En cuanto al Plan Concertado de Servicios Sociales, la titular de Bienestar ha insistido en que la red asturiana de servicios sociales se mantiene gracias a la aportación del Ejecutivo autonómico y de las entidades locales, “tras el abandono de estas políticas por parte del Gobierno del PP, que ha reducido en un 70% su aportación en los últimos años”.

En el reparto aprobado por el Consejo Territorial, le corresponden a Asturias por este concepto 853.966 euros, un 3,188% del total. Según la consejera, el Ejecutivo autonómico podría aplicar los mismo indicadores que el Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de financiar a los ayuntamientos para que ofrezcan servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia, pero “nuestra apuesta es mantener una política dirigida hacia los ciudadanos y a las personas que más lo necesitan y eso hace que no apliquemos esos criterios. Desde el Gobierno asturiano se hace una apuesta clara por mantener los servicios sociales”.

El Ejecutivo autonómico aporta al plan concertado 26 millones de sus fondos propios, que sumados a la contribución de las corporaciones locales, permite mantener la red de servicios sociales de proximidad y “cubrir las necesidades de los ciudadanos, mientras que el Gobierno central sigue en su dinámica de dejar en manos de nuestra comunidad el mantenimiento de la misma”.

Desde 2013, el Ejecutivo del PP viene aplicando unos indicadores, alguno de los cuales, como el nivel de renta, perjudica a Asturias.

 

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