La Consejería de Bienestar Social garantiza el mantenimiento de las líneas y paradas del servicio gratuito de transporte a los centros de apoyo a la integración (CAI) e informará por carta a las familias de los usuarios de su continuidad, según ha asegurado el director general de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez Nuño, quien ha destacado que en todo momento “las personas irán acompañadas de cuidadores”.

Nuño ha recriminado a los grupos parlamentarios de Foro, IU y UPyD que planteen al Gobierno del Principado el abandono de la vía legal para mantener el actual modelo de transporte en los centros de apoyo a la integración (CAI). “No se debe utilizar el bienestar de estas familias como parte del juego político”, ha advertido ante el anuncio de las tres formaciones políticas de presentar una proposición no de ley para que el Ejecutivo autonómico retire el concurso de adjudicación del servicio público de transporte para los centros de discapacidad.

La Consejería de Bienestar Social reitera que tanto las entidades que venían prestando este servicio como los grupos políticos conocen la necesidad de legalizar una situación irregular, reclamada desde 2009 por la autoridad de transportes y por la Intervención General del Principado desde 2012. “Las plazas de estos centros son públicas y eso nos obliga a regularizar la situación. Informamos de ello a las asociaciones, advirtiéndoles de que por el servicio actual que están realizando ni pueden cobrar ni el Principado puede pagar”, ha precisado el director.

Rodríguez Nuño rechaza que se busque privatizar el servicio cuando la Administración nunca lo ha prestado con medios propios. Además, la consejería se ha comprometido a apoyar las actividades complementarias de los centros de apoyo a la integración fuera del horario público (excursiones, deportes, actividades culturales…)

En cuanto al coste, el precio máximo que se plantea en el pliego de condiciones, con garantía de ofrecer el mejor servicio público, es de 1,8 millones, mientras que en el ejercicio 2013 el coste para la administración del transporte de todos los CAI, público y concertado, ascendió a 1,3 millones.

Este incremento se debe no sólo a la regularización del servicio, con todos los permisos, licencias y seguros que conlleva, sino que, además, el pliego contempla la presencia de cuidadores profesionales en todos los vehículos y en las rutas.

La decisión adoptada por la Consejería de Bienestar Social responde a que, a partir de 2015, el Principado no podrá pagar a las entidades, tal como lo vino haciendo hasta ahora, por las exigencias de la Intervención General del Principado y en cumplimiento de la normativa del transporte. “Esta situación no se puede alargar más”, ha asegurado el director. “Nuestra obligación es defender los intereses de los usuarios. Una persona con discapacidad tiene el mismo derecho de usar el transporte público con todos los requisitos de calidad y seguridad que el resto de los ciudadanos”.

 

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