La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha anunciado hoy en la Junta General del Principado que su departamento está tramitando una ampliación de crédito del salario social por valor de 13,6 millones de euros para financiarlo hasta final de año. Según ha destacado, el Gobierno asturiano no persigue “ningún ahorro económico” con la modificación de la Ley de Salario Social Básico, una prestación que al inicio de ejercicio contaba con 45 millones, se amplió en marzo otros 23 millones y ahora está en marcha una segunda ampliación.

Según Díaz, la reforma de ley consiste en añadir una disposición adicional que no supone tocar el contenido de la normativa, pero permitirá tramitar de forma urgente los expedientes actualmente en lista de espera, siempre que concurran dos circunstancias: que el plazo medio de resolución supere el doble del legalmente establecido y que la lista de espera exceda de las 1.300 solicitudes durante tres meses consecutivos. Se trata de un mecanismo que hará posible atender de manera más inmediata y con todas las garantías, las situaciones de necesidad

Con este trámite de urgencia se concederá la prestación a los solicitantes mediante una resolución provisional, en un plazo de dos meses desde la presentación de los documentos y las acreditaciones mínimas para ser perceptor. Posteriormente se dictará la resolución definitiva en el plazo máximo de doce meses, tiempo durante el que se analizará toda la documentación y se solicitará la información necesaria para completar el expediente, tras lo cual los servicios sociales municipales comunicarán a la consejería la suscripción del Programa Personalizado de Incorporación Social (PPIS) o bien la exoneración por los motivos establecidos en el Reglamento General. Con este cambio se pretende, por tanto, disponer de una herramienta para evitar que se produzca otro atasco como el vivido en los últimos años.

Respecto a la modificación del Reglamento del Salario Social Básico, la consejera ha reiterado que los objetivos son agilizar el procedimiento, reforzar el papel de los PPIS, cuyo seguimiento realizarán los trabajadores sociales municipales, y corregir distorsiones y desigualdades en el tratamiento sobre los ingresos en función de su origen.

Para agilizar la gestión administrativa de esta prestación, en opinión de la consejera, había que centrarse en cuatro ámbitos: la mejora de los medios materiales y de la organización de trabajo, y el incremento de la dotación de medios personales y las modificaciones normativas, por lo que una vez actuado en las tres primeras líneas, sólo restaba lleva a cabo las modificaciones normativas.

Díaz ha explicado que los cambios y esfuerzos realizados en la gestión administrativa ya están dando sus frutos. Desde el inicio de esta legislatura, hace 29 meses, se han tramitado más de 23.000 expedientes y se ha incorporado a casi 5.500 nuevos titulares. Por ello, unos 29.500 asturianos se benefician hasta la fecha de esta prestación.

“Desde la puesta en marcha de esta cobertura en 2006 y hasta la llegada de este Gobierno, es decir, seis años, se tramitaron unos 43.000 expedientes, y en menos de dos años y medio, hemos sacado resuelto más de 23.000”, ha señalado al consejera, que ha añadido: “De los 13.372 personas que ya están en el sistema, el 40% fueron incorporados en esta legislatura”.

Según los datos facilitados por Esther Díaz en el Parlamento regional, en la nómina de octubre se incorporarán otros 585 nuevos perceptores y se rebajará la lista de espera en más de 400 solicitantes. A lo largo de este mes se han tramitado 1.400 expedientes, lo que supone recuperar el ritmo de gestión de febrero, momento en que se alcanzó el techo.

Finalmente, la consejera ha garantizado el buen funcionamiento del programa informático y que la nómina de salario social se está pagando dentro de los cuatro primeros días del mes, lo que supone un adelanto de una semana.

 

Respecto al concurso de traslados del Principado, que afecta a 37 puestos de valoradores, de los que en la actualidad están ocupados 35, la consejera ha asegurado que no afectará al proceso de incorporación al sistema de la dependencia, ya que el concurso garantiza que los puestos se cubrirán por personal laboral fijo, que serán formados previamente para el desempeño de sus nuevas tareas.