La Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias considera que la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de devolver a los inmigrantes residentes en España en situación irregular el derecho parcial a la atención sanitaria en los centros de salud es corta, improvisada y electoralista. El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha señalado que, de lo contrario, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, habría podido comunicar personalmente tal decisión a los consejeros de todas las comunidades autónomas el pasado jueves durante la celebración del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se abordó esta circunstancia, que Asturias considera injustificable y anómala.

Además, Blanco ha criticado que el Gobierno de España siga hablando de la doble condición de “asegurado o beneficiario para referirse a los ciudadanos con derecho a una sanidad pública que se financia mediante impuestos y que debe preservar los principios de universalidad, equidad y solidaridad”.

Blanco ha recordado que desde el 1 de septiembre de 2012, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Principado ha atendido más de 18.000 consultas en los centros de salud y hospitales públicos de personas extranjeras en situación administrativa irregular.

En las instrucciones dictadas en ese momento por el Sespa para evitar la exclusión de este colectivo se contemplaba ya un procedimiento administrativo para inscribir a las personas extranjeras sin recursos económicos empadronadas en Asturias en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (SIPRES). Este procedimiento prevé que toda persona extranjera sin recursos que resida en el Principado y lo solicite, independientemente de su situación administrativa, se incorpore a la base de datos para que se le asigne un centro de salud y un médico de referencia, de manera que se le garantice el acceso normalizado a los servicios sanitarios autonómicos.

En la actualidad hay más de 1.368 personas dadas de alta en SIPRES como extranjeros sin recursos en situación administrativa irregular. Estos usuarios generaron en total algo más de 12.313 actuaciones en los centros de salud y 5.828 en los hospitales, incluyendo ingresos, consultas externas y urgencias. Esto demuestra que cada uno de ellos ha realizado de media poco más de tres consultas al año en atención primaria, frente a las aproximadamente siete que se registran con carácter general, y ha utilizado menos de dos veces los servicios hospitalarios, lo que pone de relieve que se trata de población generalmente joven y sana.

 

Además, el Servicio de Salud ha articulado en colaboración con Cruz Roja un procedimiento que permite a estos colectivos acceder a la prestación farmacéutica en condiciones semejantes a la población general. Esta alternativa se lleva a cabo con cargo a los programas de inclusión y atención sociosanitaria para los inmigrantes sin recursos.

La atención a estas personas de manera alternativa al marco actual se basa en la Ley General de Salud Pública, que promueve el funcionamiento coordinado de las estructuras asistenciales para preservar la salud de la población, y contempla diferentes actuaciones relacionadas con la prevención de la enfermedad. La norma establece que “los servicios sanitarios resultan imprescindibles para dar respuesta a los problemas de salud de la colectividad, pues consiguen atenuar los perjuicios de las enfermedades y permiten que se pueda recobrar la salud perdida y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas”.

Asimismo, Asturias cuenta con un Plan de Inclusión Social, entre cuyos objetivos figura la asistencia sanitaria a los grupos de población en situación de exclusión, como son los inmigrantes irregulares sin recursos, a los que también se dirigen distintos programas de acogida e integración.