Coto: “Desde el primer momento Javier Fernández, secretario general y máximo responsable de la FSA, tiene muchas prisas pero poco interés en dar información sobre el caso Villa”

“Es evidente que la FSA, al poner en marcha el cese en HUNOSA, renuncia al modo más directo de hacer comparecer a Fernández Villa ante la JGPA sin tener que esperar a la constitución de la Comisión de Investigación ya anunciada”

“Los límites a las capacidades sancionadoras están en el Estado de Derecho, donde no caben las sanciones de plano ni anticipar públicamente el resultado de un expediente que ni siquiera se ha incoado”

“No es la primera vez que la FSA resulta vapuleada por los tribunales. El Supremo ya anuló en 2012 la decisión de expulsar por unas críticas a unos militantes ovetenses, por ser contraria a Derecho”

La portavoz de FORO en la Junta General, Cristina Coto, al término de la Junta de Portavoces que abordó la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de revocar el nombramiento de Fernández Villa como consejero de HUNOSA, ha afirmado que “desde el primer momento, Javier Fernández, secretario general y máximo responsable de la FSA, demuestra con sus iniciativas que tiene muchas prisas pero poco interés en dar información y explicaciones sobre el caso Villa y, en contra de las apariencias, a la hora de la verdad hurta a la Junta General la posibilidad más rápida de arbitrar una comparecencia en sede parlamentaria”.

Cristina Coto añadió que “ni los ciudadanos ni el resto de los partidos políticos tenemos más información, porque quien está obligado a darla, Javier Fernández, secretario general y máximo responsable de la FSA, no ha aportado ninguna. Si los socialistas no lo hacen, los demás seguimos comprometidos con el estado de derecho y por eso recordamos que en nuestro ordenamiento jurídico no caben las sanciones de plano, es decir, no caben los juicios sumarísimos sin las garantías que marca la ley. Los límites a las capacidades sancionadoras de los partidos están el Estado de Derecho, donde no caben las sanciones de plano, ni tampoco cabe anticipar públicamente el resultado de un expediente disciplinario que ni siquiera se ha incoado. Para todos los partidos, la expulsión es una sanción y, por Ley debe ir precedida de la tramitación de un expediente sancionador integrado por una seria de fases -instructor, pliego de cargos, de descargos, prueba, propuesta de resolución, alegaciones a la propuesta de resolución- que culminan con la resolución por el órgano competente”.

 Cristina Coto recordó que “Javier Fernández y la FSA no pueden pedir a la sociedad ni a los demás que hagamos un acto de fe para convalidar sus actuaciones y así dar una apariencia de falsa contundencia. Todos recordamos que no es la primera vez que la FSA actúa así y resulta vapuleada por los tribunales. Cuando expulsó por unas críticas que vertieron unos militantes ovetenses acerca de la supresión de las elecciones primarias, el Supremo la anuló en 2012 por ser dicha expulsión contraria a Derecho”.

 

Finalmente, Cristina Coto concluyó que “en relación con la propuesta de cese como consejero de HUNOSA, es evidente que el pleno de la JGPA puede proponer en cualquier momento la revocación del nombramiento de un Consejero y que estamos ante un asunto que compete a la FSA. Pero la decisión final y su ejecución le corresponden a la SEPI en su condición de accionista único de la empresa. Lo que resulta igualmente evidente es que la FSA, al poner en marcha este procedimiento de cese como vocal de HUNOSA, renuncia al modo más directo de hacer comparecer a Fernández Villa ante la JGPA (art. 67 del Reglamento de la Junta) sin tener que esperar a la constitución de la Comisión de Investigación ya anunciada”.