Álvarez-Cascos: “Con base en Informes o Resoluciones administrativas, en un Estado de Derecho no se pueden cancelar ‘de oficio’ contratos legalmente adjudicados a una empresa, con daños irreparables, como intenta ocasionar el Presidente del Principado”

“En todo caso, llama poderosamente la atención tanta diligencia de Esther Díaz y de Ana González contra empresas propiedad de diputados de FORO, cuya compatibilidad aprobó el propio Javier Fernández, y tan poca diligencia y exigencia para consigo mismas”

“La supuesta ignorancia de Javier Fernández acerca de la naturaleza jurídica de las resoluciones del TCRC no es entendible ya que la competencia de este órgano no jurisdiccional deriva de un Convenio suscrito por el Ministerio y el Principado aprobado por el Consejo de Gobierno que él preside”

“ Solo desde el cinismo supino de La Nueva España se puede escribir que la Consejera de Bienestar Social utilizaba los informes de la Junta de Contratación Administrativa del Ministerio contra una empresa y silenciar que Javier Fernández los desconocía para su Consejera denunciante”

El presidente de FORO, Francisco Álvarez-Cascos, ha manifestado hoy que “por mucho que se empeñen desde el Principado en manipular a la opinión pública para tapar sus irregularidades, es incuestionable que ética y jurídicamente, con base en Informes o Resoluciones administrativas, en un Estado de Derecho no se pueden cancelar ‘de oficio’ contratos legalmente adjudicados a una empresa, con daños irreparables, como intenta ocasionar el Presidente del Principado. Y para que no parezca una opinión partidista, basta con comparar las varas de medir que aplican los socialistas del Gobierno del Principado porque por mucho que se empeñen en poner el ventilador para lanzar basura a los demás, llama poderosamente la atención tanta diligencia de Esther Díaz y de Ana González contra empresas propiedad de los diputados de FORO, cuya compatibilidad aprobó el propio Javier Fernández, y tan poca diligencia y exigencia para consigo mismas”. 

Álvarez-Cascos volvió a insistir en que “la supuesta ignorancia de Javier Fernández demostrada el viernes en la JGPA acerca de la naturaleza jurídica de las resoluciones del TCRC no es entendible ya que la competencia de este órgano no jurisdiccional deriva de un Convenio suscrito por el Ministerio de Hacienda y el Principado aprobado por el Consejo de Gobierno que él preside. ¿O es que tenemos que aceptar que Javier Fernández en su indolencia proverbial ni siquiera presta atención a lo que tramitó y aprobó hace solo un año,  y se publicó en el BOPA el 30 de octubre de 2013?”.

Finalmente, Álvarez-Cascos añadió que “cualquier persona seria sabe que las Resoluciones administrativas ni siquiera son firmes y que el Informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado que están manejando los servicios de intoxicación de Presidencia del Principado, en combinación con una Resolución administrativa (que no es firme) del TCRC,  es un Informe pedido por la propia Consejera de Bienestar Social. Solo desde el cinismo supino de La Nueva España se puede destacar como noticia que la Consejera de Bienestar Social utilizaba los informes de la Junta de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda contra la empresa de José Antonio Martínez y silenciar que Javier Fernández los desconocía para su propia Consejera denunciante”.