Se lo acaba de comunicar al Gobierno de España, tras la denuncia de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF),  la falta de acción de las autoridades españolas en respuesta al informe de la OLAF y la falta de acción de las autoridades españolas en respuesta al contratista negar el acceso de la OLAF a los registros contables.

Los argumentos españoles para defender a la Autoridad Portuaria de Gijón en la contratación de las obras de ampliación de El Musel no han convencido a las autoridades europeas, que solicitan la devolución de 198 millones de euros ya pagados y una liberación de 49,5 millones de euros aún no pagados.


Las seis causas referidas son «la infracción del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; diversas infracciones a la Directiva de contratación pública 93/38/CEE.; la falta de acción de las autoridades españolas en respuesta al informe de la OLAF; la falta de acción de las autoridades españolas en respuesta al contratista negar el acceso de la OLAF a los registros contables; falta de una pista de auditoría suficiente, y justificación insuficiente de los gastos realizados».


La Administración Española dispondrá de un plazo de dos meses para aceptar o no la decisión que implica un varapalo para las cuentas y la imposibilidad absoluta de que la Autoridad Portuaria de Gijón pueda afrontar la deuda.


Ver el Informe de la OLAF sobre todas las irregularidades cometidas en la ampliación del El Musel:


Ver informe OLAF