EL COMERCIO: Los partidos, dispuestos a endurecer la ley de buen gobierno tras la dimisión de Díaz

La dimisión de Esther Díaz como consejera de Bienestar Social al hilo de su participación en el accionariado de la empresa Davelco, que a su vez forma parte del grupo Avance, un conjunto de empresas con una importante presencia en obra pública, ha reactivado el debate en torno a los proyectos de ley de buen gobierno e incompatibilidades de altos cargos y de transparencia. Ambos documentos ya habían recibido todo tipo de críticas tanto por parte de los grupos de la oposición como de los expertos llamados a participar durante el trámite de comparecencias informativas. Sin embargo, los últimos acontecimientos y el debate suscitado en la calle sobre la necesidad de separar los intereses privados de las cuestiones políticas, han hecho más evidente aún la necesidad de endurecer ambos proyectos para avanzar de forma más contundente en la regeneración democrática que clama la sociedad.

El propio grupo socialista se muestra dispuesto a trabajar en la mejora de los textos aprovechando el periodo de negociación, que se llevará a cabo a lo largo del próximo mes de enero en la Junta General, con la previsión de que las leyes puedan ser aprobadas en febrero. Así lo esperan el resto de los grupos políticos, que han venido criticando por «incompletos» y «poco ambiciosos» los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo socialista.Consideran, de hecho, que el debate generado tras hacerse pública la colaboración de la empresa de Esther Díaz en varias obras públicas obliga al PSOE a mover ficha en este sentido, aunque también entienden que la legislación actual es suficientemente clara con respecto a las incompatibilidades de los altos cargos.

UPyD va mucho más allá y habla incluso de impedir que los altos cargos utilicen tarjetas de crédito para pagar gastos de representación y delimitar el uso de los vehículos oficiales, teléfonos móviles y viajes en preferente. Prendes espera que los «buenos propósitos» que ha manifestado verbalmente el PSOE se traduzcan en hechos, y que se le pueda dar «la vuelta como si fuera un calcetín» al proyecto de ley para que sea «verdaderamente eficaz y útil». Afirma que la necesidad de mejorar el texto se ha hecho más obvia tras la polémica generada en torno a la ya ex consejera, pero no porque la normativa actual no sea suficientemente clara en términos de incompatibilidad, sino porque «ha fallado la transparencia». «Se ha puesto de manifiesto que las declaraciones de intereses tienen que ser públicas porque es lo que propicia mayor control. Da igual que tengamos normas si la información se oculta», censura.