La Ley de Buen Gobierno, en vía muerta.

La Ley de Buen Gobierno difícilmente podrá ser aprobada por el Parlamento asturiano esta legislatura por el bloqueo político al que se enfrenta, a pesar de que se había buscado ya una salida válida para solventar los problemas técnicos del texto presentado por el Gobierno.  El desencuentro entre UPyD y el resto de grupos parlamentarios ha surgido a raíz de la propuesta hecha por el Gobierno, y aceptada hoy por los letrados de la Cámara, para modificar las cuestiones que hacen referencia al régimen sancionador del presidente y los consejeros y que, al entrar en contradicción con el Estatuto de Autonomía y la Ley del Presidente, mantienen bloqueado el texto.

La solución técnica planteada por el Gobierno ha sido aceptada por los letrados de la Junta, pero, para que pueda introducirse en el texto, debería contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios que componen la ponencia encargada de elaborar el dictamen, y UPyD no se lo ha dado. La propuesta pasa por introducir un nuevo artículo que dejase claro que presidente y consejeros quedan excluidos de las sanciones previstas para altos cargos en la Ley de Buen Gobierno.

El diputado de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes, se ha mostrado reacio a aceptar esa modificación de un artículo de la Ley de Buen Gobierno, como ahora propone el PSOE, porque entiende que se trata de una estrategia “a la trágala”, para “lavarle la cara al Gobierno”.

En declaraciones a los medios, tras la ponencia sobre esta nueva norma, Prendes ha recordado al Grupo Socialista y al Gobierno asturiano que ya existe una proposición de reforma de la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno, en el que se tratan temas que el Ejecutivo pretende modificar “por la vía de atrás” en el mencionado artículo. Se refiere Prendes a aspectos como la limitación de mandatos o el régimen de incompatibilidades del jefe del Ejecutivo autonómico y de los consejeros.

“Se nos pide prácticamente que hagamos mangas y capirotes, que aceptemos una enmienda a la totalidad, fuera de todos los plazos, cuando hemos dado todos las comodidades al gobierno para que acomode esta ley al marco jurídico normativo”, ha lamentado el parlamentario de UPyD , para quien la Ley del Buen Gobierno propuesta por el Ejecutivo autonómico es una “mala ley”.

Ha recordado que la modificación del artículo en cuestión necesita además “ir a una votación separada para conseguir a una mayoría absoluta, porque modifica la Ley del presidente y del Consejo de Gobierno del 1984, que necesita estatutariamente de esa mayoría absoluta reforzada“, y que “ahora se quiere modificar esa ley por una vía indirecta”.

“No nos parece de recibo, si se quiere modificar la arquitectura institucional, hágase, pero bien, en las normas que corresponden“, ha añadido. “No se puede ir a la trágala, negociación expresse, a escasos días del final de la legislatura, en una cuestión tan importante. No estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para lavarle la cara a un mal gobierno”, ha añadidio.

Ha advertido además que “si al final en ese artículo no se consiguiese una mayoría absoluta, el destrozo institucional sería mayúsculo”, porque “dejaríamos al presidente y al Consejo de Gobierno sin incompatibilidades, sin régimen de dedicación exclusiva y sin régimen de actividades”, ha mencionado, entre otros aspectos.

(Fuentes: Europa Press/RTPA)