«Con independencia del carácter formalmente no vinculante, el parecer de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) está llamado a tener una influencia sustancial en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental». Lo dijo ayer, en la Junta General, la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, al ser preguntada por el diputado de UPyD, Ignacio Prendes , sobre la tramitación ambiental del proyecto minero de Salave y el último escrito del órgano responsable de la gestión de las aguas, en el que reiteró los argumentos contrarios a la iniciativa que ya detalló en dos informes previos.

Prendes hizo hincapié en que en ese último documento, emitido en septiembre pasado , la Confederación «no solo descalifica el proyecto minero, sino la tramitación que está haciendo la consejería», ya que el órgano de cuenca considera que la declaración ambiental publicada en diciembre de 2012 sigue siendo válida. De ser así, «no sabemos qué cobertura jurídica tienen los trámites que están realizando», afirmó el parlamentario.

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A pesar del evidente desacuerdo sobre las interpretaciones jurídicas del procedimiento, Fernández recalcó que se tendrá en cuenta la interpretación de la Confederación al emitir una resolución sobre «el proyecto completo, no fragmentado» y que se procederá «sin demoras evitables, pero sin precipitación». Insistió en que se estudiarán todos los informes sectoriales y las 1.179 alegaciones presentadas, de las que 356 son nuevas.

En su turno de réplica, Ignacio Prendes consideró “muy grave y un acto de rebeldía que la Consejera no reconozca competencia a la Confederación para emitir valoraciones jurídicas” y recordó que “lo que es indudable es que hay que cumplir la normativa medioambiental de forma total, en cuanto al fondo, en cuanto al contenido del proyecto y en cuanto al respeto de los procedimientos”, y aquí, en esto último, según el diputado de UPyD, “se lo han saltado reiteradamente”

“Me parece que el problema en este caso es el proyecto, no son los procedimientos“, dijo Prendes para terminar señalando que “lo verdaderamente preocupante es que ustedes tratan de retorcer el procedimiento para darle cabida a algo que no resulta admisible desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente“

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(Fuentes: El Comercio/UPyD)

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