La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, y el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Miguel Oria, han firmado hoy un acuerdo para proponer conjuntamente al Gobierno central la supresión del límite actual de nuevas plantaciones para las pequeñas áreas de viñedo de ambas comunidades.

“El marco normativo vigente limita el crecimiento de la superficie de viñedo, lo que incide de forma muy importante en comunidades como Asturias y Cantabria, en las que la superficie total de viñas es muy pequeña, como en el caso de la denominación de origen protegida Vino de Cangas, y la capacidad de crecimiento es muy importante para garantizar el futuro de sus producciones”, ha subrayado Álvarez.

Mediante el acuerdo, suscrito en la feria Alimentaria de Barcelona, las dos autonomías pedirán al Ministerio de Agricultura que, para áreas de indicación geográfica protegida (IGP) o denominación de origen protegida (DOP) con superficies de viñedo inferiores a 200 hectáreas, establezca con carácter general una cifra máxima admisible de nueva plantación autorizable por debajo de la cual resulte de asignación automática y no se establezca, por tanto, criterio de prioridad. “Esta cifra podría situarse en 25 hectáreas anuales por DOP o IGP. De esta forma, se daría respuesta a la práctica totalidad de las demandas de las pequeñas áreas”, ha indicado la consejera.

Así, Asturias y Cantabria reclaman autorización ministerial para todas las solicitudes que reúnan unas condiciones específicas. Ambos gobiernos plantean autorizaciones automáticas en solicitudes muy pequeñas, de menos de 1,5 hectáreas. También defienden la autorización directa para superficies que no alcancen las 5 hectáreas en áreas con dificultades reconocidas, como zonas despobladas y desfavorecidas. Un tercer planteamiento para el que se solicita aprobación automática se refiere a las peticiones de menos de 5 hectáreas en áreas con condiciones físicas singulares, como las de viticultura heroica con zonas de montaña de pendientes superiores al 20% o con zonas intermedias con pendientes superiores al 15%, siempre que supongan una solicitud continua de pequeña dimensión.

La normativa reguladora de la Unión Europea (UE) exige la obligación de autorización previa para las nuevas plantaciones, en el marco de las reglas de aplicación establecidas por cada país. En España, con una superficie vitícola próxima al millón de hectáreas, esta cuestión es determinante desde el punto de vista de la actividad económica. Sin embargo, Asturias y Cantabria estiman que esta realidad no debe ocultar la existencia de algunas DOP e IGP con muy poca repercusión económica en el conjunto y, sin embargo, de gran valor territorial. “Son áreas en las que la consolidación y aumento de esas pequeñas superficies de viñedo, siempre en términos muy prudentes, no conlleva ningún desequilibrio, pero tiene gran incidencia en zonas despobladas, donde la viticultura, casi siempre en condiciones de viticultura heroica, es un argumento de vertebración territorial”, ha aseverado la titular de Desarrollo Rural.

Álvarez ha subrayado que, en la práctica, con la normativa actual, las superficies otorgadas a estas áreas son tan limitadas que la autorización actúa con efecto disuasorio, de forma que parte sustancial de lo solicitado no se autoriza, y otra parte igualmente importante no se llega a plantar, porque resulta técnica y económicamente inviable. A su juicio, ante esta situación cabe plantear “un escenario de elegibilidad alternativo para las muy pequeñas DOP e IGP en condiciones de excepcionalidad, que permita autorizaciones efectivamente útiles”.

La consejera ha participado hoy en la inauguración de la feria Alimentaria, en la que el Principado cuenta por primera vez con un estand propio que promociona la marca Alimentos del Paraíso Natural y los productos amparados por DOP e IGP. En total, participan en el certamen 15 empresas asturianas, de las que 6 exhiben sus productos en el estand regional.

Álvarez ha destacado que Alimentaria es la feria más importante del sector en España, en la que este año participan 4.000 empresas de 70 países. También ha indicado que su departamento dedica este año 700.000 euros a promocionar los productos del Principado, de los que 300.000 son gestionados directamente por la consejería. 

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