La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha iniciado hoy la tramitación administrativa de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que persigue integrar y ordenar las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad para dar una respuesta más ágil y coordinada por parte de las distintas administraciones.

Esta normativa, uno de los compromisos de legislatura del Gobierno de Asturias, mejorará el salario social básico, que se articulará por medio de un procedimiento más rápido, e incluirá nuevos complementos vitales, con el propósito de atender de manera diferenciada las necesidades en el ámbito de la infancia, la discapacidad o la dependencia.

En materia de vivienda, pretende garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública o a las ayudas de la Administración para ese fin. También simplificará el procedimiento de concesión de apoyos económicos, que pasaría a ser directo, y adaptará la regulación relativa a las adjudicaciones de pisos por causa de emergencia social.

El texto del anteproyecto se enmarca en la perspectiva de la inversión social de las prestaciones y servicios, que combina tres apartados: derechos vitales, inversión social y enfoque sobre capacidades. Este planteamiento valora las posibilidades de desarrollo de la persona y actúa desde una perspectiva multidimensional.

El contenido de la norma se puede consultar en el Portal de Transparencia del Principado hasta el próximo 7 de marzo, concretamente en el siguiente enlace: https://goo.gl/miDRj8

El proceso incluirá un periodo de información pública y, tras contar con todos los informes preceptivos, el anteproyecto será aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a la Junta General, previsiblemente en abril.