El Gobierno de Asturias revisará los acuerdos con las entidades del tercer sector para mejorar la contratación de plazas en los centros ocupacionales y el alojamiento a personas con discapacidad

Publicada por Pressy el 26/10/2015 17:35:01

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha anunciado hoy que antes de que finalice el año presentará el borrador del desarrollo reglamentario de la modificación de la Ley de Servicios Sociales, aprobada este año por el Parlamento asturiano, en lo relativo al concierto con entidades del tercer sector.

Varela, que ha comparecido esta mañana en la Comisión de Servicios y Derechos Sociales de la Junta General del Principado, ha explicado que el vigente acuerdo marco para la contratación de plazas en los centros ocupacionales y el alojamiento a personas con discapacidad, que finaliza en diciembre de 2016, prevé un total de 1.494 plazas y una inversión global de 91,5 millones para el período 2013-2016.

“Nuestro objetivo es establecer con claridad el desarrollo reglamentario de la modificación de la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlamento asturiano, pero hasta entonces seguiremos con el sistema del acuerdo marco y revisaremos su adecuación y su amplitud”, ha apuntado.

El acuerdo marco para la contratación del servicio público de plazas de centro ocupacional, alojamiento temporal, tutelado y residencial para personas con discapacidad fue aprobado por resolución de la consejería el 7 de diciembre de 2012. Varela considera que es necesario revisar ese acuerdo para incorporar ahora criterios más flexibles, que permitan satisfacer las demandas de los usuarios, especialmente las relacionadas con la atención residencial, que exigen una respuesta rápida.

Por otra parte, la titular de Servicios Sociales ha señalado que el Principado, igual que muchas otras comunidades autónomas, considera que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, no resulta aplicable en el ámbito de los servicios sociales. No obstante, ha precisado que el Gobierno de Asturias aspira a que el Ejecutivo central se comprometa formalmente a aplazar la entrada en vigor de la norma más allá del 1 de enero de 2016. A su juicio, la alternativa más sensata sería que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se pronunciara en estos términos en su próxima reunión.

La consejera ha recordado que 3.000 ayuntamientos españoles y varios parlamentos autonómicos han recurrido esta ley y que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esos recursos.

En su opinión, resulta imprescindible ampliar el plazo transitorio para evitar que esta norma entre en vigor en apenas dos meses, puesto que supondría desequilibrar el actual sistema de prestación de servicios sociales, basado en la cooperación con las administraciones locales.

“La propia disposición transitoria segunda de la ley vincula la asunción de las competencias relativas a los servicios sociales por parte de las comunidades a los términos previstos en la norma reguladora del sistema de financiación autonómica. Dado que esos términos no están definidos, resulta imposible asumir la competencia”, ha indicado

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