El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy en el pleno de la Junta General del Principado que la próxima semana saldrá a información pública el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno y se iniciará un período de consultas y participación con entidades, organizaciones y la ciudadanía para recabar sus sugerencias y aportaciones sobre la norma.

Tras recordar que la política de transparencia y rendición de cuentas es una de las grandes apuestas del Gobierno de Asturias, Martínez ha indicado que el texto definitivo, que se presentará en el primer trimestre de este año, incorporará la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que dependerá del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano con personalidad jurídica propia.

“Nuestro objetivo es presentar una ley ambiciosa que amplíe los sujetos afectados y los contenidos obligados por la norma estatal, que permita una verdadera rendición de cuentas de los responsables públicos y que cuente con mecanismos e instrumentos de control efectivos e independientes”, ha subrayado el titular de Presidencia.

El anteproyecto autonómico amplía y desarrolla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al ser más ambicioso en cuanto a los datos que se pondrán a disposición de la ciudadanía, en los sujetos que se someterán a la normativa y en el establecimiento de mecanismos y controles más estrictos contra la corrupción.

La regulación incidirá sobre cinco ámbitos de actuación:

    Transparencia en la actividad pública.     Buen gobierno.     Publicidad activa.     Ejercicio del derecho a la información.     Reutilización de la ciudadanía del citado derecho.

El texto incorpora, asimismo, un régimen sancionador para altos cargos que incumplan la ley en materia de transparencia informativa.

En relación con el apartado de publicidad activa, el anteproyecto incluye 10 bloques informativos frente a los tres de la norma estatal. Son los siguientes: información institucional y organizativa, información sobre altos cargos y asimilados, información sobre planificación y evolución, información de relevancia jurídica, información sobre procedimientos administrativos y calidad de los servicios, información de la actividad administrativa con incidencia económica, información sobre contratos, información sobre actividad pública, información económica, presupuestaria y patrimonial e información de carácter general.

En materia de buen gobierno, el texto plantea un código ético que deberán firmar los altos cargos antes de asumir una responsabilidad y que les obligará, durante los dos años siguientes a su cese, a informar a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno sobre su actividad privada. Asimismo, se realizará un informe de su situación patrimonial al finalizar su mandato.

Por otra parte, el Gobierno de Asturias estudia la habilitación de un canal ético, confidencial pero no anónimo, para que cualquier persona pueda comunicar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos de los que pudiera derivarse responsabilidad administrativa, contable o penal.

 

El consejero de Presidencia también ha anunciado hoy en la Junta que el documento para el Pacto Contra la Violencia de Género impulsado por el Gobierno de Asturias, que implicará tanto a instituciones y colectivos sociales como a la ciudadanía, se presentará en abril.

El borrador, analizado ayer en la reunión del Consejo Asturiano de la Mujer, uno de los órganos de asesoramiento en materia de igualdad, será sometido en las próximas semanas al Observatorio Permanente contra la Violencia de Género, a la Comisión Interdepartamental contra la Violencia de Género y a la Comisión de la Red de Casas de Acogida, para su posterior debate con los grupos políticos.

Tras esta fase, se pondrá en marcha un proceso de participación pública abierto a toda la ciudadanía, a través de un código de adhesión que estará disponible tanto en la web www.asturias.es como en el portal de participación ciudadana (asturiasparticipa.es) y en el propio espacio del organismo de igualdad (institutoasturianodelamujer.com).

Entre los compromisos que el Gobierno del Principado asumirá en este pacto destacan los siguientes:

    Garantizar la perspectiva de género en la acción presupuestaria, prestando especial atención a la fijación de cero recorte presupuestario en las políticas de lucha contra la violencia de género tal y como viene realizando ya el Gobierno del Principado desde la pasada legislatura     Mejorar el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación     Impulsar el Observatorio Permanente contra la Violencia de Género     Perfeccionar el sistema de protección y asistencia a las víctimas a través de la formación de los profesionales, la mejora en la especialización de los recursos y la garantía del acceso a éstos.

La oferta de este gran pacto muestra una vez más el compromiso del Principado contra la lacra de la violencia machista, un hecho que contrasta con los recortes continuados que ha llevado a cabo el Gobierno central, que redujo un 22% la financiación para estas políticas, destinó un millón menos a los programas de atención a las víctimas y los menores, y bajó más de un 30% la partida destinada a prevención.

El Gobierno asturiano, por el contrario, ha renovado el protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las víctimas, ha actualizado la guía de recursos contra la violencia de género y ha impulsado un grupo de trabajo específico con medios de comunicación.

Además, ha consolidado los centros asesores de la mujer, que en 2015 atendieron a 3.059 (1.004 de ellas afectadas directamente por violencia de género) y la Red de Casas de Acogida, que el año pasado alojó y trabajó con 228 víctimas de maltrato.