El Gobierno de Asturias ultima la puesta en marcha de dos unidades de valoración forense integral especializadas en violencia de género que mejorarán los sistemas de respuesta y apoyo a las víctimas. La creación de ambas secciones se concretará mediante una resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, que ya cuenta con un borrador al que se incorporarán las sugerencias de otras entidades.

Las unidades estarán adscritas al Instituto de Medicina Legal (Imlas) y se ubicarán en Oviedo y Gijón. En ambos casos, estarán integradas por equipos multidisciplinares de tres personas: un forense, que actuará de coordinador; un psicólogo y una trabajadora social. Estos recursos figuran en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y constituyen uno de los compromisos asumidos por el Principado en el Pacto contra la Violencia sobre las Mujeres para perfeccionar la atención a las víctimas y a sus hijos.

La Dirección General de Justicia ya ha remitido el borrador de resolución a los equipos del Instituto de Medicina Legal para que aporten sugerencias. También consultará al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y a la Fiscalía Superior.

La implantación de ambas unidades permitirá abordar la violencia de género desde una perspectiva global e integradora y lograr avances significativos en los sistemas de respuesta y apoyo a las víctimas y sus familias. Al mismo tiempo, favorecerán las actuaciones que se promuevan desde la Administración de Justicia y los organismos de protección a las personas que sufren maltrato.

La puesta en marcha de estos equipos permitirá unificar los criterios de valoración y diagnóstico en periciales por situaciones de maltrato, acoso y agresiones, lo que mejorará la efectividad y organización del trabajo de los profesionales del Imlas. Además, estas unidades dispondrán de una perspectiva global de la realidad de cada víctima y de su entorno, al extender los estudios no solo a las personas agredidas, sino también a los maltratadores y a los menores expuestos a violencia. Por último, las valoraciones tendrán un carácter global, dado que no se limitarán al ámbito de los efectos físicos y psíquicos, sino que estimarán también otras situaciones como la peligrosidad criminal, la intensidad y la recurrencia de la violencia.

Una vez aprobada la resolución, el Instituto de Medicina Legal redactará protocolos específicos de actuación. No obstante, en la elaboración de los informes que soliciten los órganos judiciales se atenderá a criterios de oportunidad y peculiaridad de la pericia. De este modo, se abordarán como prioritarios los casos graves, en particular, si concurren situaciones de reincidencia o hay menores a cargo de la víctima.

Los avances para la creación de las unidades de valoración forense se suman a otras medidas impulsadas esta misma semana para la mejora de la Administración de Justicia. El Consejo de Gobierno autorizó el jueves un gasto de 117.300 euros para reforzar la plantilla del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Gijón, mediante la incorporación de dos trabajadores a partir del 1 de julio, y prorrogar el contrato de seis interinos que prestan servicio en el Juzgado de Instrucción número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas suelo.

La designación de dos profesionales en las categorías de gestión y tramitación procesal para el juzgado de violencia sobre la mujer responde a la necesidad de ampliar la plantilla de este órgano, que en 2017 ingresó 1.158 asuntos y resolvió 1.104 procedimientos. A partir del 1 de julio, la plantilla pasará a estar integrada por nueve personas: tres en gestión procesal, cuatro en tramitación y dos en auxilio judicial.

También se prorrogará el contrato a seis interinos que prestan servicio en el juzgado especializado en cláusulas suelo, distinguido recientemente por el Consejo General del Poder Judicial con el Premio Calidad de la Justicia en su modalidad de justicia más eficaz. En apenas 12 meses, este órgano ingresó 4.800 asuntos y resolvió cerca de 2.700, lo que supone una tasa de resolución media del 55,7%, muy superior al 14,3% del conjunto de la Administración de Justicia en España. Hasta el primer trimestre del año acumulaba 2.374 sentencias dictadas.