El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han suscrito hoy un convenio de colaboración para la implantación del programa de reforma de la Administración de Justicia en Asturias. Al acto, celebrado en la sede ministerial, en Madrid, también ha asistido el director general de Justicia e Interior del Principado, Rafael Abril.

A través de este acuerdo, el Gobierno de Asturias recibirá este año un crédito de 147.808 euros bajo la premisa de mejorar, entre otros, el servicio de asistencia jurídica gratuita, avanzar hacia la justicia digital con el propósito de llegar al ‘papel cero'en los juzgados y tribunales, y potenciar la justicia abierta, de modo que se entable una relación más sencilla y efectiva con los ciudadanos. También se impulsará la oficina judicial y se reforzarán los equipos psicosociales a través de un convenio de colaboración con Cruz Roja.

Muchos de estos principios sintonizan con la línea de objetivos que se ha marcado el Ejecutivo autonómico para esta legislatura en materia de justicia, como es el diseño de la Estrategia de Justicia en Asturias 2015-2025, para avanzar en los indicadores de eficiencia, eficacia, accesibilidad y calidad y preservar este servicio público, y la creación de una comisión mixta con abogados y procuradores para evaluar la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita y agilizar la gestión de los expedientes.

Guillermo Martínez ha aprovechado la reunión con el ministro para trasladarle la necesidad de reforzar este convenio de colaboración y, por ello, le ha pedido apoyo para contar con un servidor informático para toda la comunidad autónoma y para finalizar la instalación del programa Windows 7 en todos los ordenadores de las sedes judiciales asturianas, especialmente las de Oviedo y Gijón. También ha demandado la implantación del sistema integral de grabación de vistas E-Fidelius, cuya puesta en marcha depende del ministerio.

Por otra parte, ha informado a Rafael Catalá de varios asuntos que preocupan al Gobierno de Asturias, en especial, la financiación de la asistencia jurídica gratuita. El Principado, ha indicado el consejero, mantiene la propuesta manifestada en anteriores convocatorias del pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia de adoptar un modelo de financiación en el que la distribución y reparto entre las autonomías se realice anualmente aplicando un criterio ponderado y proporcional, que conjugue lo recaudado en cada territorio en concepto de tasas judiciales con el número potencial de personas con derecho a asistencia.

“En Asturias, el impacto real de la entrada en vigor de la Ley de Tasas nos situó en un déficit de 700.000 euros en 2014, una diferencia que se justifica en un incremento de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita del 48,3% en relación con 2013”, ha explicado Martínez.

En consecuencia, el titular de Presidencia ha reclamado al ministerio un esfuerzo proporcional al que realizan las comunidades autónomas para sufragar los gastos del turno de oficio. A su juicio, en un momento socioeconómico tan complicado como el actual, en el que muchos ciudadanos se encuentran en una situación vulnerable, el libre acceso a la justicia es más necesario que nunca. “En 1986 el gobierno suprimió las tasas judiciales para facilitar que toda la población pudiera recurrir a la justicia, cualquiera que fuera su situación, por eso no compartimos que 30 años después esa situación se revierta”, ha señalado.