Cristina Coto: “La propuesta del Gobierno de modificar la Ley para que los asturianos paguen el gigantesco pufo de SOGEPSA es un chantaje puro y duro a este Parlamento porque en ningún momento eso es lo que pide Europa”

“Europa confirma la ilegalidad del proceso de SOGEPSA de elección de accionistas privados sin transparencia y lo que ahora exige es que cada operación se adjudique conforme a los principios de competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, tanto a las empresas que integran SOGEPSA como a otras”

“FORO no va a apoyar que el gobierno compre con el dinero de todos los asturianos las acciones privadas de una empresa con un pufo de 188 millones de euros y casi 100 millones en avales, por las marrullerías de Belén Fernández apoyadas cual ‘mandato imperativo’ por Javier Fernández”

“Hablamos de una empresa que coquetea a diario con la insolvencia y de la que no conocemos su situación dado que el gobierno ha incumplido la iniciativa aprobada a propuesta de FORO de remitir a la Cámara una auditoría que ponga luz en una opacidad escandalosa”

“Una vez que llegue esa auditoria, en el caso de que llegue, FORO exigirá las responsabilidades oportunas  ante este desmán sin precedentes”

La presidenta de FORO, Cristina Coto, declaró esta mañana en rueda informativa celebrada en la Junta General, a raíz de la solicitud del Gobierno de tramitación urgente de la modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU) que  “la propuesta del Gobierno de modificar la Ley para que los asturianos paguen el gigantesco pufo de SOGEPSA, al comprar el gobierno todas las acciones privadas, es un chantaje puro y duro a este Parlamento porque en ningún momento eso es lo que pide Europa”.

A juicio de la presidenta de FORO “la Unión Europea no obliga a convertir en pública SOGEPSA, como pretende el Gobierno de Javier Fernández, si no que los socialistas se han decantado por esta opción porque la única exigencia de Bruselas para que la entidad se adapte a las directrices comunitarias sobre libre prestación de servicios es que cada operación se adjudique conforme a los principios de competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, tanto a las empresas que integran SOGEPSA como a otras; es decir, que actúe en el mercado en igualdad de condiciones con el resto de operadores y que cada encomienda salga a licitación pública dentro de un marco de absoluta transparencia”.

“No es una cuestión nueva -continuó Coto- y no es la primera vez que SOGEPSA suscita dudas jurídicas respecto al cumplimiento del Derecho Comunitario ya que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de 26 de mayo de 2011, en relación con la normativa urbanística de Valencia, admite la actuación de entidades como SOGEPSA para la formalización de convenios urbanísticos, pero no la legitima para la comercialización y enajenación de las parcelas sin una concurrencia publica. Esta tesis fue avalada por el Informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias de 2007, que afirmó que SOGEPSA ni puede ni debe comportarse como una sociedad privada, pues su naturaleza le obliga a respetar los principios de publicidad y concurrencia. Recordamos como la Sociedad Mixta, en 2011, negaba ser investigada por la Unión Europea y acusaba a algunos afectados de ‘falsear la realidad, difamar y calumniar, llegando incluso a imputar hechos delictivos o situar fuera de la legalidad a la empresa’. Y a la postre, los hechos revelan que cuando el río suena, agua lleva, ya que, tras al menos 3 denuncias, la Comisión Europa remitió en junio de 2014 una carta firmada por su vicepresidente, Michel Barnier, en la que emplazaba al Reino de España por un procedimiento de infracción sobre SOGEPSA al entender que desde su misma fundación, la selección de los socios privados no se realizó mediante un procedimiento en el que se respetara la libre concurrencia ni los principios de competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación y que los accionistas privados de la sociedad tuvieron una situación de privilegio a la hora de  acceder a operaciones en calidad de ‘propietarios y promotores exclusivos de determinadas operaciones urbanísticas’. Las excusas vertidas por la Consejería en relación a que desde la creación de la sociedad mixta nunca repartió dividendos entre sus socios o que la constitución de la mercantil fuese hace treinta años, cuando España todavía no era miembro de la UE, fueron expresamente consideradas ‘irrelevantes’ por la Unión Europea. España se ve obligada a contestar a Bruselas, con el compromiso de SOGEPSA de reformar los estatutos y ofertar las acciones que permitiesen sentarse en el Consejo, tras la junta de accionistas de la sociedad mixta de 9 de enero de 2015, cuando se modifican los estatutos y se publica en el Boletín oficial de la UE una oferta de acciones, un concurso internacional con un doble objetivo: de un lado quería incorporar nuevos accionistas, del otro satisfacer a los requerimientos de la Comisión Europea. Ni lo uno ni lo otro: ni vender porque no hubo nadie interesado en 4.280 acciones a un precio medio de 485 por título ni cumplir con las obligaciones europeas porque las modificaciones estatutarias no eran más que un parche porque la entrada de un socio privado en el Consejo ni se acerca a la necesidad trasladada desde la Unión Europea de que la conformación del capital privado de SOGEPSA debe realizarse para cada encomienda y en función del objeto preciso de la misma, y debe hacerlo con transparencia y respeto a la libre competencia”.

“SOGEPSA debiera estar abierta a empresas de toda la UE para promover operaciones urbanísticas y las diligencias abiertas contra la Sociedad Mixta lo son por no respetar el principio de transparencia en la elección de sus accionistas privados, incumpliendo así el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prohíbe las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea, lo que se tradujo en un posible privilegio a estos accionistas privados a la hora de acceder a determinadas operaciones urbanísticas promovidas por SOGPESA ya que la atribución directa de una actividad de promoción de suelo con carácter exclusivo a las  sociedades mixtas de capital mayoritariamente público es contrario al derecho europeo en relación con el principio de transparencia tal y como es definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, explicó Cristina Coto, y añadió que “lo que Europa confirma es la ilegalidad del proceso SOGEPSA de elección de accionistas privados sin transparencia; así, lo que exigió la Unión Europea es que cada operación se adjudique conforme a los principios los principios de competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, tanto a las empresas que integran SOGEPSA como a otras”, recalcó.

“El modelo de funcionamiento de la Sociedad Mixta es ilegal, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea, y la Consejera de infraestructuras, Belén Fernández, lleva años ‘a verlas venir’ con un intento de modificación estatutaria con una venta de acciones que quedó desierta y  ante una empresa que jurídicamente es inviable, lo que no sólo evidencia una falta de soluciones impropia de un gestor, si no que las previsiones del Consejo de Gobierno socialista son siempre erradas”, añadió Coto.

“Este chantaje impuesto en el que se obliga al Parlamento a elegir entre liquidar SOGEPSA o adquirir el 42% de las acciones en manos privadas es una opción que ha tomado el Gobierno socialista entre otras posibilidades, obviando que la compra de las acciones, aún no se sabe a qué precio, lo que implica un desembolso y hacer frente a mayor porcentaje de la ingente deuda de la Sociedad Mixta”, dijo.

La presidenta de FORO incidió en que “hablamos de una empresa que coquetea a diario con la insolvencia y de la que no conocemos su situación dado que el gobierno ha incumplido la iniciativa aprobada a propuesta de FORO de remitir a la Cámara una auditoría que ponga luz en una opacidad escandalosa. Ahora, transcurridos 5 meses desde la aprobación de esa moción que obliga al Gobierno con medios propios a realizar una auditoría integral de eficacia y eficiencia de SOGEPSA, y sólo tras la pregunta formulada por FORO a la Consejera de Hacienda, el Consejo de Gobierno actúa incumpliendo de forma flagrante el contenido de la misma y encomienda por contrato menor a una empresa privada que nos costará casi 21.000 euros y que además se demorará en la ejecución al menos 4 meses.  ¿Qué teme la Consejería de una auditoría hecha por funcionarios imparciales del Principado con medios propios como le ordenó la Junta General? ¿Por qué tenemos que gastar casi 21.000 euros en contratar a una empresa privada?”, se preguntó Coto.

“Una vez que llegue esa auditoria, en el caso de que llegue, FORO exigirá las responsabilidades oportunas ante este desmán sin precedentes”, advirtió. “FORO no va a apoyar que el gobierno compre con el dinero de todos los asturianos las acciones privadas de una empresa con un pufo de 188 millones de euros y casi 100 millones en avales, por las marrullerías de Belén Fernández apoyadas cual ‘mandato imperativo’ por Javier Fernández” concluyó Cristina Coto.