Domínguez de Posada: “El conocimiento de las lenguas cooficiales no puede ser requisito imprescindible para ingresar en la función pública”

“No es admisible que la puntuación que se otorgue por las bases de la convocatoria al conocimiento de la lengua autonómica sea equiparable o superior a otro tipo de méritos de mayor trascendencia para las tareas que se vayan a desempeñar”

“No es admisible que la puntuación que se otorgue por las bases de la convocatoria al conocimiento de la lengua autonómica sea equiparable o superior a otro tipo de méritos de mayor trascendencia para las tareas que se vayan a desempeñar”

La senadora de FORO, Rosa Domínguez de Posada, se mostró hoy en el Pleno del Senado contraria a la posibilidad de exigir, ya sea como mérito o como requisito, el conocimiento de las distintas lenguas cooficiales del Estado español para ingresar en la función pública, a propósito de una moción del PP sobre la provisión de plazas en el Sistema Nacional de Salud. “El conocimiento de las lenguas cooficiales no puede ser requisito imprescindible para ingresar en la función pública”, dijo.

Aunque la Constitución Española se muestra respetuosa con la realidad plurilingüe de la Nación española, Domínguez de Posada advierte que “la única lengua oficial en toda España es el castellano, respecto de la cual se impone el deber de conocerla y el derecho a usarla a todos los españoles, sin que sea posible su exclusión por parte de la normativa autonómica”.

“No parece admisible que la puntuación que se otorgue por las bases de la convocatoria al conocimiento de la lengua autonómica sea equiparable o inclusive superior a otro tipo de méritos de mayor trascendencia para las tareas que se vayan a desempeñar”, dijo la senadora. “Garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en su propia lengua no debe producirse en detrimento del principio de eficacia que debe presidir la actuación de la Administración Pública en la prestación de servicios a los ciudadanos”.

Intervención de Rosa Domínguez de Posada en el Pleno del Senado : 

Gracias, Presidente. Señorías.

La Constitución Española se muestra respetuosa con la realidad plurilingüe de la Nación española. En el art. 3 se contiene la regulación constitucional en materia lingüística, consagrando el denominado principio de cooficialidad lingüística en las Comunidades Autónomas, remitiendo a los diversos Estatutos de Autonomía para la concreción de este.

Sin embargo, la única lengua oficial en toda España es el castellano, respecto de la cual se impone el deber de conocerla y el derecho a usarla a todos los españoles, sin que sea posible su exclusión por parte de la normativa autonómica.

El art. 56,2 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que "las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales". 

Ante semejante escenario, a nadie extrañará que una de las cuestiones más controvertidas tenga que ver con la posibilidad de exigir, ya sea como mérito o como requisito, el conocimiento de las distintas lenguas cooficiales del Estado español para ingresar en la función pública.

La selección de los empleados públicos ha de realizarse "en virtud de criterios objetivos, pues todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y ante su aplicación, de manera que la Administración no puede establecer preferencias discriminatorias o fundadas en razones subjetivas de unos sobre otros, y, además, dichos criterios objetivos han de basarse en criterios de mérito y capacidad, puesto que la Administración está obligada a gestionar los intereses públicos con eficacia"

Si repasamos la jurisprudencia del T.C, el quid de la cuestión se encuentra en el denominado juicio de proporcionalidad. Lo que no parece admisible es que la puntuación que se otorgue por las bases de la convocatoria al conocimiento de la lengua autonómica sea equiparable o inclusive superior a otro tipo de méritos de mayor trascendencia para las tareas que se vayan a desempeñar. Garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en su propia lengua no debe producirse en detrimento del principio de eficacia que debe presidir la actuación de la Administración Pública en la prestación de servicios a los ciudadanos”.

A nuestro juicio el verdadero problema de la sanidad es que desde que se efectuaron las transferencias a las CC.AA. no existe planificación de personal.  En España se forman muchos médicos, pero no hay plazas MIR suficientes para que se especialicen ni se planifica que especialidades deben de priorizarse para cubrir las necesidades. Se abusa de los contratos basura porque a corto plazo es más fácil gestionar la plantilla, aunque esto lleva al desastre como se está viendo. Talmente parece que a nadie le importa el SNS aunque todos los partidos lo incluyen como máxima prioridad por el interés que tiene para el ciudadano.

Muchas gracias.