Domínguez de Posada: “Hasta ahora, el desahucio de okupas ilegales podía alargarse hasta dos años, pero apoyamos el Proyecto de Ley para que se pueda culminar en dos meses”

“La reforma pretende evitar las ocupaciones ilegales premeditadas y con fines lucrativos, es decir, se quiere acabar con la extorsión a los propietarios a que paguen una compensación económica al desalojo a cambio de poder recuperar la vivienda de su propiedad”

“El objetivo es acabar con las mafias que afectan a los pisos de pequeños propietarios o incluso a ONG o administraciones públicas”

FORO votó hoy en el Senado a favor de una Proposición de Ley impulsada por el PDeCAT por la que se aceleran los plazos para echar a los okupas ilegales. “Hasta ahora -recordó la senadora de FORO, Rosa Domínguez de Posada-, el desahucio podía alargarse hasta dos años, pero con la aprobación del proyecto de Ley se podrá culminar en dos meses”. 

La Proposición de Ley “regula la posibilidad de interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente. Se trata de una vía que podrá usar el propietario persona física, ONG y administraciones públicas. La reforma pretende evitar las ocupaciones ilegales premeditadas y con fines lucrativos, es decir, quieren acabar con la extorsión a los propietarios a que paguen una compensación económica al desalojo a cambio de poder recuperar la vivienda de su propiedad”, señaló la senadora.  “El objetivo es acabar con las mafias que afectan a los pisos de pequeños propietarios o incluso a ONG o administraciones públicas”, aseguró.

Intervención de Rosa Domínguez de Posada en el Pleno del Senado :

Gracias, Presidente.

Señorías, debatimos una Proposición de Ley que supone una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada. 

Con este cambio normativo, impulsado por el PDeCAT, se aceleran los plazos para echar a los okupas ilegales. Hasta ahora, el desahucio podía alargarse hasta dos años. Con la aprobación del proyecto de Ley se podrá culminar en dos meses. La ley deja fuera a las entidades financieras, promotoras y fondos buitre.

La proposición de ley establece la modificación del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en el que se añade un apartado 2º bis, para regular la posibilidad de interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente. Se trata de una vía que podrá usar el propietario persona física, ONG y administraciones públicas. 

La pretensión de la reforma es evitar las ocupaciones ilegales premeditadas y con fines lucrativos, es decir, quieren acabar con la extorsión a los propietarios a que paguen una compensación económica al desalojo a cambio de poder recuperar la vivienda de su propiedad.  El objetivo es acabar con las mafias que afectan a los pisos de pequeños propietarios o incluso a ONG o administraciones públicas.

Además, la proposición de ley incorpora una modificación del artículo 441 de la ley de enjuiciamiento civil en el que se añade un apartado 2 bis en el que se especifican las medidas que adoptará la autoridad judicial para hacer efectivo el desahucio de las personas que ocupen ilegalmente las viviendas recogidas en el artículo 250.1 2.º b

El problema no va a derivar tanto de los plazos, que ahora sí van a ser breves, sino del cumplimiento por el juzgado de dichos plazos y del cumplimiento por el ocupante del auto que ordena el desahucio. Es posible que el okupa aguante en el inmueble hasta que lo saquen a la fuerza mediante una comisión judicial. 

En cualquier caso, el debate no es entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad. El legislador tiene que hacer efectivos ambos derechos y ocuparse de las personas en riesgo de exclusión social.

Votaremos a favor de la Proposición de Ley.

Muchas gracias.