Oblanca: “El Gobierno debe reforzar la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España para evitar que se produzcan situaciones abusivas o de usura”

“El usuario debe estar más protegido frente a la opacidad de una serie de productos financieros que se colocan en condiciones de comercialización aparentemente ventajosas y se acaban trastocando en anzuelos para capturar víctimas desesperadas”

“Urge controlar la concesión de préstamos exprés, firmados a contrarreloj, con mecanismos de contratación muy sencillos, con letra minúscula pero vínculos económicos mayúsculos que se acaban convirtiendo en pesadilla para el patrimonio y la supervivencia de personas y familias”

El diputado nacional de FORO, Isidro Martínez Oblanca, ha apoyado una iniciativa del Grupo Popular en el Congreso “para que el Gobierno refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España a fin de evitar que se produzcan situaciones abusivas o de usura”.

Se trata, como explicó Obanca, de “que se dé mayor protección al usuario frente a la opacidad con la que se comercializaron una serie de productos financieros que se tratan de colocar en condiciones de comercialización aparentemente ventajosas que se acaban trastocando en anzuelos para capturar víctimas en estado de desesperación y ansiedad, que ignoran y desechan todo lo que no sea obtener el dinero”.

“La Proposición No de Ley del PP incide sobre los riesgos de conseguir dinero rápido y fácil, promoviendo que el Gobierno establezca una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios”. Para Oblanca, “urge poner control a la concesión de préstamos exprés, firmados a contrarreloj, con mecanismos de contratación muy sencillos, con letra minúscula, pero vínculos económicos mayúsculos que se acaban reconvirtiendo en pesadilla para el patrimonio y la supervivencia de personas y familias”.

Intervención de Isidro Martínez Oblanca en el Pleno del Congreso :

Muchas gracias, señora presidenta:

Se invoca con esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular la adaptación al siglo XXI de la «Ley de Represión de la Usura» que, más de cien años después, continua vigente en España. Gumersindo de Azcárate, su impulsor, procuró con aquella norma la protección frente a las condiciones leoninas de los usureros.

Hoy, por lo tanto, siguiendo el ejemplo de la “Ley Azcárate”, anhelamos lograr una mayor protección del usuario frente a la opacidad con la que se comercializaron una serie de productos financieros que se tratan de colocar en condiciones de comercialización aparentemente ventajosas que se acaban trastocando en anzuelos para capturar víctimas en estado de desesperación y ansiedad, que ignoran y desechan todo lo que no sea obtener el dinero. Ya ha sucedido -para desdoro de los organismos de control- en el ámbito se entidades financieras supervisadas, y con mucho más motivo sucede y sucederá en las entidades no supervisadas.

Votaré favorablemente esta PNL porque resulta imprescindible dotarnos de mecanismos regulatorios y protección frente a las nuevas formas de abusos que han aparecido. El Congreso ya ha trabajado en esta cuestión y no está de más recordar que en la X Legislatura se constituyó una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito que trabajó durante más de un año y donde algunos comparecientes ya alertaron de la necesidad de ampliar los mecanismos de transparencia y protección.

Señorías, esta iniciativa incide sobre los riesgos de conseguir dinero rápido y fácil, promoviendo que el Gobierno establezca una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios. Urge poner control a la concesión de préstamos exprés, firmados a contrarreloj, con mecanismos de contratación muy sencillos, con letra minúscula, pero vínculos económicos mayúsculos que se acaban reconvirtiendo en pesadilla para el patrimonio y la supervivencia de personas y familias.

En España, además, no se ha implementado lo previsto por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, que regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. Tampoco se ha abierto al público el registro estatal de las empresas de prestamistas, ni el de las Comunidades Autónomas. En la práctica, las competencias de control de los préstamos no bancarios se otorgaron a los departamentos de Consumo que carecen de medios.

En definitiva, urge prevenir el fraude en las hipotecas, préstamos y créditos que son concedidos fuera de los circuitos bancarios.

Muchas gracias.