La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha presentado hoy ante la Junta General el presupuesto de su departamento para 2018, que ascienden a 427.018.418 euros, lo que supone un incremento del 8,9% en relación con 2017. En términos absolutos, la subida es de 35.009.426 euros.

Este presupuesto hará posible mantener, e incrementar en muchos casos, las prestaciones y recursos del sistema público de protección social, así como apoyar a las personas en situación de dificultad y luchar contra la exclusión. En este objetivo se enmarca el compromiso de presentar en el Parlamento, antes de mayo, un proyecto de ley de garantía de derechos y mínimos vitales para garantizar las necesidades básicas de las personas. En el ámbito normativo, también se presentarán las nuevas leyes de servicios sociales y la de acción concertada para regular el concierto social.

Algunas de las prioridades del proyecto presupuestario son las siguientes:

La partida para el salario social se eleva a 120 millones y permitirá dar apoyo a 1.500 nuevas familias. A finales de octubre, un total de 22.038 unidades de convivencia recibían esta prestación, que beneficia unas 44.700 personas. El Principado continúa siendo la autonomía de régimen común que mayor esfuerzo realiza en esta materia, lo que la sitúa entre las cinco comunidades con menor tasa de pobreza, a 9,4 puntos de la media nacional.

Las ayudas para personas dependientes, que tienen carácter ampliable, disponen de 32.280.000 millones. Como novedad, el presupuesto incorpora el restablecimiento de una cuantía mínima garantizada, que posibilitará que todas las personas con dependencia reconocida perciban una cantidad básica, independientemente de su capacidad económica. Actualmente, 11.000 personas son beneficiarias de este tipo de prestación y se prevé que alrededor de 900 más puedan acceder a ellas y otras 900 vean crecer el importe de las suyas.

Más 15,4 millones financiarán los servicios de ayuda a domicilio y tele asistencia para dependientes, que se presta a través de una encomienda de gestión con los ayuntamientos, un 15,79% más que en 2017, lo que permitirá atender a unos 5.500 usuarios en 2018.

A 31 de octubre, Asturias contaba con 23.958 personas dependientes, de las que 21.101 tenían una prestación reconocida, lo que supone el 88%, superior a la media nacional, del 74,5%. La inversión en dependencia en 2016 alcanzó los 177,8 millones, de los que 25 (el 14%) contaron con financiación estatal y el 86% restante, autonómica (Principado y usuarios).

La asignación para esta área es de 217.646.271 euros, un 6,30% más que este año, y en ella destaca el incremento en los conciertos de servicios con entidades del ámbito de la discapacidad, de 5,4 millones, y de infancia, de 2,2.

Los 28 millones asignados al plan concertado servirán para cofinanciar los servicios sociales en los municipios, a los que el Estado aporta solo el 2,4 % e incluyen 1.424.175 euros para luchar contra la pobreza energética. En 2016, estas ayudas llegaron a 4.108 familias.

Las subvenciones para entidades sociales crecen en 100.000 euros. También aumentan en 30.000 euros, hasta alcanzar los 150.000, las destinadas a la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (Fampa) con el fin de promover el envejecimiento activo.

En el apartado de infancia, se reservan 2.296.000 euros para apoyar a familias vulnerables con menores a su cargo y se mantienen 1.341.100 para las ayudas a los acogimientos familiares, que este año crecieron en más de 300.000 euros respecto al ejercicio pasado.

El presupuesto del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) asciende a 128.226.925 euros, lo que supone una subida del 4,6%. En el capítulo de inversiones, está previsto iniciar las obras de la residencia de Lugones, licitar el proyecto y dirección de obra de la de Cangas del Narcea, equipar el nuevo Centro Polivalente de Recursos (CPR) del Naranco y dos plantas del de Riaño, y acabar la remodelación de la cocina de La Mixta. Además, se contratará una aplicación informática para la gestión del organismo.

Se crearán 290 nuevas plazas residenciales: 150 concertadas con empresas privadas y 140 en centros públicos: 100 en el CPR del Naranco (Oviedo) y 40 en el CPR de Riaño. En centros de día está prevista la ampliación de 54 puestos: 28 en el CPR Naranco (Oviedo), 13 en Palacio de Villar (Castrillón) y 13 en El Mirador en Tineo. Todo ello implicará la creación de 88 nuevos empleos públicos.

Como novedad, el ERA abrirá en los primeros meses del año en la residencia Mixta de Gijón la primera unidad de convalecencia de Asturias, impulsada por los departamentos de Sanidad y Servicios Sociales en el marco de la política de coordinación sociosanitaria y con capacidad para 24 personas.

El presupuesto total destinado a vivienda asciende a 33.338.517 euros, de los que dos millones, 500.000 euros más que en 2017, se dedicarán a la reparación de viviendas públicas vacantes por parte de Vipasa. El objetivo es adecuar las 550 que están pendientes de mejora para ponerlas a disposición de los ciudadanos antes de que acabe el año.

La inversión en este capítulo crece también hasta los 6,1 millones para continuar la construcción de 40 pisos en El Campón (Oviedo), iniciar otros 36 en Pumarabule (Siero), y contratar una nueva promoción en Muros de Nalón, que saldrá a licitación bajo el estándar Passivhaus, de máxima eficiencia energética. Será el primer edificio público de estas características que se construya en la región.

Asimismo, se gestionarán 17,7 millones en ayudas directas, un 8% más, destinadas a particulares y ayuntamientos, entre las que destacan las dirigidas al alquiler, con una partida inicial de 8,5 millones, y las de rehabilitación, con otros 6,5. En 2017, 6.231 familias se beneficiarán de los apoyos al arrendamiento, con un presupuesto histórico de 8,5 millones frente a los 6,8 del año anterior. En esta materia está previsto también modificar la convocatoria para conceder las subvenciones por tres años. El objetivo es dar estabilidad al 70% de los beneficiarios y simplificar la tramitación administrativa.

La consejería impulsará el servicio de intermediación para extender a otras siete comunidades de vecinos el programa piloto iniciado este año, con gran éxito, en el concejo de Siero, y destinado a mediar en edificios con problemas de convivencia. Beneficiará a un total de 800 vecinos.

En 2018 también se modificará la normativa de adjudicación de viviendas para atender las situaciones derivadas de desahucios de alquiler.

El área de ordenación y planificación contará con 300.000 euros. Destaca el trabajo realizado para la presentación de las nuevas leyes de garantía de derechos y mínimos vitales, de Servicios Sociales de Acción Concertada, ésta última, encargada de regular el concierto con las entidades sociales. Asimismo, se ultimará la Estrategia de Envejecimiento Activo para su presentación a principios de 2018.

También se impulsará el protocolo de buen trato a personas mayores, elaborado en el marco de la coordinación sociosanitaria, y se avanzará en la elaboración de la historia social única electrónica, similar a la historia clínica pero centrada en el ámbito de los servicios sociales. 

 

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