El pufo del HUCA: el Principado debe 65,5 millones anuales a GISPASA hasta el 2035. Mientras el Estado financia íntegramente la reforma del Hospital de Valdecilla en Cantabria, Asturias tiene su sanidad arruinada por las decisiones de los socialistas del Principado y los populares de Oviedo.

Mucha gente se pregunta qué es lo que ha ocurrido en la sanidad pública asturiana para que el nuevo HUCA sea el protagonista diario de manifestaciones, protestas y críticas, por el desastre de la obra, la gestión y sus prestaciones, y el porqué de los tremendos recortes de personal y prestaciones que estamos sufriendo. Recortes que se extienden a las carreteras, la educación, etcétera, etcétera. Estamos ante el resultado de las decisiones adoptadas por los dirigentes del Partido Socialista en Asturias, con la complicidad de los mandatarios del Partido Popular en Oviedo, que vieron, en la obra del nuevo HUCA, con su corolario de una sanidad arruinada y el desastre urbanístico del barrio de El Cristo, la oportunidad para nuevos y grandes negocios que impulsaron tan ruinosas decisiones.

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Un carrito empotrado contra una resonancia magnética. No hay desastre inconcebible para el nuevo HUCA

El complejo sanitario de El Cristo cumplía funciones como hospital comarcal para el área de Oviedo o Área Sanitaria IV, y como centro de referencia para el Principado de Asturias. El problema del tráfico, fue el pretexto principal para el traslado a La Cadellada. La paralización deliberada de los accesos al HUCA en El Cristo fue la guinda de una operación a varias bandas.

La obsolescencia de algunos de los edificios, y su dispersión, tenían solución mediante una reforma integral que se evaluó en unos 18.000 millones de pesetas, que aportaría el Estado, como sucedió con Valdecilla, en Santander. Madrid nos transfería el dinero con las competencias de Sanidad.

El Principado de Asturias y el INSALUD crearon una comisión en 1997 para estudiar las alternativas posibles. Los trabajos de la comisión se tradujeron en diferentes informes, entre ellos el que con fecha noviembre de 1998 elaboró la Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros del INSALUD, con tres alternativas:

  1. Un nuevo hospital en una ubicación distinta a la de El Cristo, con una superficie construida de 140.000 m2, un presupuesto de 24.000 millones de pesetas y un plazo global de aproximadamente 10 años.
  2. Un nuevo hospital en el propio solar ocupado por el Complejo de El Cristo, con una superficie construida de 135.000 m2, una superficie a derribar de 137.000 m2, un presupuesto de 24.200 millones de pesetas y un plazo global de 8 años.
  3. Reforma del complejo de El Cristo, manteniendo el Hospital Covadonga y el Centro Materno-infantil, demoliendo el resto de los edificios. La actuación suponía una superficie a construir de 119.000 m2, un derribo de 81.000 m2 y un presupuesto de 18.000 millones de pesetas con un plazo global de también unos 10 años.

El Principado decidió optar por la primera de las opciones. La más costosa por muchos motivos. De 24.000 millones, como veremos, nada de nada. Mientras Santander tiene ahora una sanidad desahogada, con ese nuevo hospital de Valdecilla, financiado íntegramente por el Estado, Asturias se ha cargado con un horroroso pufo, La Cadellada es una ruina, y en El Cristo queda un cráter. Eso sí, el Gobierno socialista presidido por Vicente Álvarez Areces consiguió adjudicar un dineral. Vicios privados públicos desastres.

En abril del 2004 se constituyó GISPASA, una sociedad instrumental, con un capital social de 90 millones de euros, cuyo desembolso fue realizado en su totalidad por el Principado. La sociedad amplió capital en dos ocasiones: la primera con fecha 30 de octubre de 2009 por importe de 8,45 millones de euros, y la segunda con fecha 19 de noviembre de 2010 por importe de 40 millones de euros, siendo ambas íntegramente suscritas y desembolsadas por el Principado. Había que hacer frente al agujero y aquella fue la solución.

GISPASA se constituyó para intentar una operación de ingeniería financiera que fracasó, pues a tan sólo un año de su creación, la Intervención General del Estado determinó que la sociedad formaba parte del sector público del Principado, y por lo tanto, sus cuentas, pasarían a gravitar sobre las de la comunidad autónoma. La jugada, que no salió, era muy tonta: el Principado otorgaba un derecho de superficie por La Cadellada a favor de GISPASA y GISPASA arrendaba el HUCA al Principado, mediante un contrato de arrendamiento operativo.

Así, el 17 de febrero del 2005, el Principado otorgó un derecho de superficie a favor de GISPASA, por 95.000 € anuales, para que la sociedad pudiese arrendar el HUCA al propio Principado. El 30 de julio de 2005 se suscribió el contrato de arrendamiento operativo, por 30 años, con una renta anual. Como contraprestación, GISPASA debe entregar y poner a disposición del Principado el Complejo hospitalario.

La cuota anual a pagar por el arrendamiento operativo ascendía a 65,5 millones en el año 2013, año en que se aprobó el informe de la Sindicatura sobre el contrato de GISPASA con el Principado de Asturias. Así, una obra que cuando se tomó la decisión de trasladar el hospital iba a costar 24.000 millones de pesetas, y que iba a realizarse en cuatro años y medio, costó 264 millones de euros, y tardó algo más de 8 años en ejecutarse, después de haberse adjudicado en 177 millones de euros, y para poder hacer frente al traslado y equipamiento del nuevo hospital, hubo que constituir una sociedad a la que el Principado se ha comprometido a pagar 65,5 millones hasta el 2035.

Es cierto que en esa cuenta está el hospital de Mieres, el mantenimiento, el equipamiento y los costes de urbanización, pero la terrible realidad es que la sociedad que el Principado ha tenido que constituir para hacer frente a la construcción del HUCA, va a salirles a los asturianos por 2.000 millones de euros, cuando en la tercera opción de las estudiadas en 1998, los 18.000 millones de pesetas para renovar el conjunto de El Cristo, el dinero salía del Estado y no de Asturias, y además no se destruía una próspera barriada de la Capital, cuya regeneración tiene un coste incalculable, pues ni existen, ni existirán nunca, plusvalías para abordar semejante desastre.

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