Publicada por Carlos Ortiz de Zárate el 11/04/2015 13:18:12

El aforamiento, la opacidad o cualquier privilegio que gocen los representantes políticos, los funcionarios o la administración del Estado, son patologías que admitimos como “hechos consumados” y siquiera nos planteamos las consecuencias o las razones por las que se mantienen. Deberíamos hacerlo, sobre todo en esta crisis y en época electoral.

No es normal que los funcionarios españoles estén en MUFACE,se diría que el Estado desconfía de lo público. También es difícil comprenderque el eurodiputado López Aguilar use de su aforamiento para un problemadoméstico o que los funcionarios y políticos de la UE estén mejor pagados quesus homólogos en los Estados miembros. No son simples anécdotas.

El silencio administrativo, la prevalencia de lasobligaciones del ciudadano sobre las de la administración y la excesiva toleranciahacia los errores de la misma son, también síntomas alarmantes.

Puedo aportar una experiencia que ilustra la magnitud: sepermiten, en 2006, discrepancias de un 40% de la propiedad entre los registroscatastrales y de la Propiedad. En ambos registros he pagado los servicios.Estaban obligados a comunicar entre los dos organismos, yo también lo estaba yprevalece mi incumplimiento sobre el de la administración. Nadie se plantea lafiabilidad de los Registros o la responsabilidad de los que inscriben.

La crisis está plagada de ejemplos, ¿Qué hacía en Banco deEspaña o cualquiera de los instrumentos de control mientras estallaba la crisis?El mismo argumento puede ser utilizado con respecto a la corrupción. ¿Quién loestá pagando?

Las patologías expuestas no surgen solas, han sidoimplantadas por imperativo de lo que hay, y lo que hay muestra muy poco respetopor el Estado de Derecho. No tenemos por qué resignarnos a lo que hay, porqueno es.

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