El Gobierno de Asturias ha desestimado el recurso de reposición presentado contra el proyecto de investigación minera "Astur A", tramitado por Asturmet Recursos, S.L.U. Este proyecto busca explorar la presencia de cobalto, cobre, níquel, oro y plata en una superficie de 217 cuadrículas mineras, afectando a los concejos de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes.
El Gobierno del Principado de Asturias ha desestimado el recurso presentado por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies en relación con la autorización minera en la zona de Peña Mayor, una decisión que genera graves preocupaciones entre los vecinos debido a los impactos negativos que este proyecto conlleva para la salud, la economía local y el medio ambiente.
Contrario a lo que afirman la empresa minera, el Principado y algunos ayuntamientos, las actividades de investigación extractiva no son de bajo impacto ni temporales. Estas actividades representan, en realidad, el primer paso hacia la explotación minera, que conlleva un impacto significativo y, en muchos casos, irreversible. Incluso si los estudios actuales determinaran que la extracción no es rentable, los cambios futuros en los precios internacionales de los materiales podrían hacer viable la explotación, convirtiendo este proyecto en una amenaza permanente para la zona.
La autorización otorgada por el Principado es solo el inicio de un proyecto más ambicioso que afectará también a los concejos de Parres y Ponga, abarcando lugares emblemáticos como Peñamayor, Pozo Funeres, La Xamoca, el valle del río Infierno, la Collada Moandi, Vizcares, el área de La Pesanca, Sierra de las Aves, y Collado Traslafuente, en una superficie total de 555 cuadrículas mineras.
No tiene sentido aprobar la labor investigadora sin evaluar previamente la viabilidad ambiental y social de la explotación minera en la misma zona. Es evidente que la identificación de recursos mineros, promovida por una empresa privada, tiene como objetivo su futura extracción. Pese a lo que declare la Consejería, no se trata de una mera investigación científica.
Además, resulta preocupante que los Ayuntamientos afectados no hayan informado a los vecinos del proyecto minero a través de los canales oficiales habituales (web, bandos, notificaciones, etc.), lo que genera una clara situación de indefensión. Esta falta de comunicación oficial es inaceptable, especialmente considerando las implicaciones de este proyecto para la comunidad.
La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y los vecinos afectados continuarán reclamando ante todas las instancias posibles que se reabra el proceso de información pública del proyecto minero, para garantizar que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados y evitar la indefensión de la población afectada.
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