EQUO considera inadmisible que cuando existe constancia de que estamos sobrepasando de manera reiterada y continua los límites máximos establecidos por la normativa legal, no se estén adoptando medidas inmediatas y urgentes para rebajar los niveles de contaminación.
“Es una cuestión de salud pública y de protección de las personas. Los responsables políticos y administrativos no pueden estar esperando la lluvia o un cambio de condiciones meteorológicas, por eso recalcamos que debe actuarse por una cuestión de salud pública.Si el agua no fuese potable ¿nos permitirían seguir bebiéndola? Creemos que la Fiscalía de Medioambiente debería tomar cartas en el asunto.” ” Indican los coportavoces de la formación verde
Ante esta situación EQUO considera que deben adoptarse medidas de interrupción temporal de la actividad industrial potencialmente contaminante, de manera total o parcial, en los lugares donde se están sobrepasando los limites hasta lograr rebajar los niveles actuales; no valen pequeños parches como impedir el acceso al casco urbano de vehículos pesados. Las noticias donde aparecen recomendaciones para que niños/as, ancianos/as y personas con problemas respiratorios no salgan de sus casas no son suficientes. Es lamentable que se traslade la responsabilidad a los ciudadanos/as, con el agravante de un uso interesado de datos y poca transparencia en la información. Ahora se anuncian inversiones por 10 millones de euros en el Sinter, pero ¿cuándo estarán implantadas? Y mientras tanto que hacemos ¿continuamos igual?.
La responsabilidad de controlar y velar por la salud y la calidad de vida de los/as ciudadanos/as es de las administraciones públicas, y las empresas deben asumir su parte de responsabilidad social y evitar daños a su entorno humano y natural. No es de recibo obtener beneficios multimillonarios -más de 3.000 millones de euros hasta septiembre de este año- y trasladar los perjuicios y daños a la salud a los ciudadanos/as y al sistema público de salud. Desde EQUO interpretamos que estamos ante una socialización de una consecuencia asociada a realizar una actividad económica que pagamos todos/as, frente a una capitalización de los beneficios de la actividad que queda en manos de unos/as pocos/as.
Somos el país de la unión europea con mayor número de multas y expedientes por incumplimiento de la normativa medioambiental, casi duplicamos al siguiente en la lista. La Unión Europea nos está exigiendo de manera reiterada que cumplamos con las directivas europeas y la respuesta es pagar multas en lugar de aplicar medidas. Desde el año 2012 nos han multado por importe de unos 54 millones de euros: 7 de cada 10 euros los paga España. Estamos dilapidando dinero público a costa de nuestra salud y calidad de vida, es indignante y los asturianos/as deben abrir los ojos y movilizarse activamente ante la inacción de las administraciones y las empresas. Debemos salir a la calle y exigir esas medidas inmediatas y reales para reducir las emisiones de partículas mientras se implantan las medidas técnicas.
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