La demanda busca frenar un proyecto minero con graves impactos ambientales y sociales en la Sierra de Peñamayor.
El pasado 23 de julio quedó registrada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la demanda presentada contra la Consejería de Industria del Principado de Asturias por la concesión del permiso de investigación minera denominado Astur A, otorgado a la empresa Asturmet Recursos S.L., filial de la multinacional británica Technology Minerals. La acción legal, impulsada por la asamblea de Nava de Salvemos Peñamayor, busca frenar un proyecto considerado altamente lesivo para el entorno natural y social de la Sierra de Peñamayor.
Con el fin de informar sobre el procedimiento judicial y sus implicaciones, Salvemos Peñamayor convocó una asamblea abierta el pasado martes 29 de julio en el Llagar de Lolina (Nava). Durante el encuentro, el equipo jurídico encargado del caso detalló las múltiples irregularidades detectadas tanto en la resolución como en el propio proyecto minero, aprobado inicialmente por la extinta Consejería de Transición Ecológica, actualmente integrada en la Consejería de Industria.
La demanda pone de manifiesto la falta de rigor en la tramitación del expediente y cuestiona la legalidad del proceso que ha permitido avanzar a un proyecto con graves consecuencias para un territorio de alto valor ecológico, cultural y socioeconómico. La iniciativa judicial representa un esfuerzo colectivo importante, no solo desde el punto de vista organizativo y comunitario, sino también económico, y reafirma el compromiso social con la defensa integral de Peñamayor frente a intereses extractivos ajenos al bien común.
Desde la plataforma se confía en que los tribunales analicen con profundidad los argumentos expuestos, y que se valore adecuadamente la trascendencia ambiental y social de proteger este enclave frente a iniciativas mineras de carácter especulativo y potencialmente destructivas.
Asimismo, se ha querido agradecer públicamente el apoyo sostenido de la ciudadanía, y en especial la labor de quienes han contribuido a que esta demanda pueda hoy ser una realidad.
La asamblea también ha lanzado un mensaje directo a las instituciones implicadas. Se insta al Gobierno del Principado, y en particular a la Consejería de Industria que lidera Borja Sánchez, a decidir si se alinea con la protección del territorio o si continúa avalando una gestión marcada por la falta de transparencia y la cesión del interés público en favor de empresas sin arraigo social ni responsabilidad comunitaria.
Por último, desde Salvemos Peñamayor se ha recordado que los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, tienen la responsabilidad legal y política de actuar con diligencia en procesos que afectan directamente al medio ambiente, el territorio y el bienestar de sus vecinos y vecinas. Su papel debe ser activo y transparente, garantizando el acceso a la información y la participación efectiva de la población en decisiones que comprometen el presente y el futuro de la comarca.
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