Ante el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la formación profesional para el empleo

En el día de ayer, el Tribunal de Cuentas publicó una nota de prensa referida al Informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en materia de Formación de Oferta, en la que, entre otras cuestiones, se ponen de manifiesto "deficiencias" en los Planes de Formación del 2010 gestionados por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales - CEOE - y la Confederación Española de la Pequeña y Media Empresa - CEPYME -.

Antes de nada es importante resaltar que los citados Planes de Formación de carácter intersectorial, fueron impartidos en todo el territorio nacional y  supusieron más de dos millones y medio de horas lectivas; la realización de 856 cursos y la formación de más de 35.000 alumnos de todo el territorio nacional. Una formación que, por cierto, recibió una valoración de satisfacción de los participantes de 8,50 puntos sobre 10 en el caso de CEOE y de 8,86 en el caso de CEPYME. Para ello CEOE contrató a 14 empresas de formación especializadas y CEPYME a 16, números que, por sí mismos, explican la pluralidad y diversidad de proveedores utilizados.

Por ello, no puede entenderse cómo el Tribunal de Cuentas considera "...un desvío a empresas especializadas en formación -vía subcontratación- de la gestión de los fondos..." lo que no es sino la utilización de un mecanismo expresamente previsto en la normativa aplicable, y por tanto, totalmente legal. Tanto es así, que las propias Administraciones Públicas son las primeras en utilizarlo en su propia formación.

Además, las contrataciones de dicha empresas de formación se hicieron en todos los casos a los precios de mercado que en cada materia, ámbito territorial y temporal resultaron aplicables, que es el requisito material que exige la normativa aplicable.

CEOE y CEPYME han presentado las correspondientes alegaciones al Tribunal de Cuentas en relación a los diferentes aspectos recogidos en su Informe, que reiterarán, si fuera necesario, en vía Administrativa y en vía judicial, llegado el caso, recabando el amparo que los Tribunales de Justicia ya les han otorgado con anterioridad, ya que la gestión de los Planes de Formación siempre se ha realizado dentro de la más absoluta legalidad que en cada momento se establece.