Las medidas de reforma para agilizar el sistema propuestas por la Consejería pretenden alcanzar el objetivo de un máximo de dos meses de espera para la concesión provisional y suspender o extinguir la prestación cuando no se reúnan los requisitos establecidos.

Todas las iniciativas y medidas que tengan por finalidad mejorar el acceso a la prestación del Salario Social de cuantas personas puedan ser beneficiarias y conseguir que el acceso se haga en los plazos legalmente establecidos nos parecen positivas.

Desde que en Asturias tenemos un sistema de rentas mínimas, siempre hemos venido defendiendo la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a mejorar la tramitación y que agilicen los procedimientos de concesión. Prueba de ello es el trabajo que desde hace meses venimos desarrollando en el marco del AEPA los agentes sociales, la patronal y el Gobierno para la modificación del Reglamento del Salario Social.

No hay que olvidar que se trata de una prestación dirigida a personas y a familias que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades más básicas, por lo que se trata de una ayuda de emergencia social.

Desde UGT Asturias compartimos el esfuerzo que el Gobierno del Principado viene realizando en los últimos años, pero aún así hay más de 4.600 familias pendientes de alcanzar esta ayuda cuyo tiempo medio de resolución está en 12 meses, por lo que hacen falta más medidas y esfuerzos para llegar a cumplir el plazo de 3 meses que establece la Ley actual.

Por ello y en este contexto la reforma que propone el gobierno de modificación de la Ley del Salario Social que permitirá agilizar los trámites y los requisitos previos para poder resolver por vía de urgencia en el plazo de dos meses como afirma la Consejería de Bienestar Social, nos parece, si realmente se cumple, razonable.

Insistimos también en que los planes personalizados de inserción que deben seguir los beneficiarios del Salario Social es algo que UGT Asturias viene reivindicando desde siempre y que se impulsen las políticas de inclusión social en materias de salud, vivienda, formación y empleo para estas personas que presentan un alto riesgo de marginación, precarización y exclusión social.