El Gobierno del Principado iniciará tras la Semana Santa una ronda de contactos con los sectores implicados en el nuevo decreto de ordenación del litoral, con el objetivo de avanzar hacia un texto equilibrado que combine actividad económica y preservación ambiental.
La Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, abordará este proceso de diálogo tras cerrar el periodo de información pública, en el que se han recibido 36 alegaciones procedentes de entidades muy diversas. Entre ellas figuran representantes del sector hostelero, empresas vinculadas al surf, asociaciones empresariales, ayuntamientos y colectivos ecologistas y vecinales.
El propósito de estas reuniones será analizar en detalle las distintas propuestas y buscar puntos de encuentro en un ámbito especialmente sensible como es la costa asturiana, sujeta a un régimen de protección específico. Desde la consejería se insiste en que existe margen para el acuerdo y que el intercambio con los agentes implicados permitirá mejorar el contenido del decreto.
La nueva normativa pretende actualizar el marco vigente desde 2013, adaptándolo a un contexto de mayor presión turística y a la aparición de nuevos usos. Entre sus principales novedades, el texto diferencia por primera vez entre servicios de temporada en playas y servicios permanentes en el litoral, además de establecer criterios comunes para su autorización.
También se introducen criterios objetivos de adjudicación, como el menor impacto ambiental, la accesibilidad o la ausencia de sanciones, y se regulan aspectos hasta ahora poco definidos, como las áreas de autocaravanas o la capacidad de los aparcamientos en playas con alta afluencia.
Otro de los cambios destacados es la ampliación del periodo de actividad de los servicios de temporada, junto con el adelanto de los plazos de solicitud para facilitar la planificación. Al mismo tiempo, se refuerza la obligación de desmontar estas instalaciones fuera de temporada, eliminando excepciones que en algunos casos habían sido utilizadas de forma irregular.
El decreto continuará ahora su tramitación administrativa, que incluye el análisis de las alegaciones y la solicitud de informes a distintos organismos. La previsión es que la norma se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) en el tercer trimestre del año y entre en vigor de cara a la temporada de 2027.
Con este proceso, el Ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo de gestión del litoral que garantice la conservación del entorno natural, al tiempo que ordena su uso y actividad económica de forma sostenible.
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