“Hay 8,3 millones de euros que ya aparecen con nombres y apellidos en los presupuestos, un procedimiento para la concesión de subvenciones que debería excepcional pero que en nuestra ciudad lleva años generalizado, sin que el anterior gobierno de Foro haya querido atajarlo, y que beneficia a un centenar de las aproximadamente 1.300 asociaciones que hay inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones”, señaló Pérez Carcedo.

Además, aseguró que, en muchos casos, no está suficientemente justificado el porqué se recurre a este tipo de procedimiento cuando la actual Ley de Subvenciones exige que para conceder subvenciones directas es necesario acreditar las razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, “algo que muchas no cumplen”.

También, enfatizó en que esta Ley establece con claridad que el procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones debe ser la concurrencia competitiva. Es decir, efectuar una convocatoria pública y abierta en la que se puntúen las diferentes solicitudes presentadas a partir de parámetros objetivos y previamente definidos, concediéndolas a aquellas que obtengan mayor puntuación. Las subvenciones directas quedarían como algo excepcional y siempre debidamente justificado.

“Sin embargo, en nuestro Ayuntamiento está pasando justamente lo contrario, y se conceden más subvenciones a dedo que a través de la concurrencia competitiva, y todo, a pesar, la existencia de dos informes de la Sindicatura de Cuentas en los que se cuestiona esta situación y a los que el actual gobierno parece haber hecho oídos sordos”, señaló.

A su juicio, este elevado número de subvenciones que se otorgan de forma directa no hace otra cosa que fomentar la opacidad y el clientelismo político, ya que tanto su concesión como su cuantía depende de una decisión política y no, como debería ser, bajo parámetros objetivos y transparentes, dándose incluso la paradoja que para un mismo hecho subvencionable haya entidades que disfrutan de convenios mientras otras tienen que presentarse a la pertinente convocatoria pública.

Por eso, Pérez Carcedo, ha exigido al gobierno “que trabaje en una reducción drástica del número de subvenciones directas, manteniendo exclusivamente aquellas que responden realmente a la existencia de un interés público, como podría ser el caso de las entidades del tercer sector que trabajan en la atención directa a colectivos vulnerables u otras debidamente justificadas. El resto deberían concederse por concurrencia a través de un procedimiento público, objetivo y transparente, o bien a través de otros procedimientos similares también previstos en la normativa vigente”.

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