En este sentido, recordó que el Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros para adaptar la regulación de este impuesto a la última sentencia del Tribunal Constitucional da a los Ayuntamientos el plazo de seis meses para modificar sus ordenanzas fiscales, para así amoldar la normativa local a la nueva legislación nacional, “una modificación que debería hacerse de forma urgente, paralelamente a la negociación presupuestaria puesto que ambas están estrechamente relacionadas”, señaló Pérez Carcedo.

A su juicio, esta reforma debería servir para suprimir el pago de la plusvalía por la herencia de vivienda, puesto que a su juicio “es completamente injusto pretender seguir gravando el esfuerzo que muchos gijoneses han hecho a lo largo de su vida para poder comprar su vivienda habitual y que posiblemente sea la única herencia que deje a sus hijos. Una supresión que además de justa desde un punto de vista social es perfectamente asumible presupuestariamente al no suponer una recaudación significativa”.

A mayores, calificó el cobro de este impuesto en los casos de herencia contrario al espíritu de la nueva normativa al basarse exclusivamente en el valor catastral de la vivienda, “aquí no hay otra posibilidad al no haber habido ninguna venta”, además de obsoleto y redundante con otros tributos, “ya que lo heredado se tributa ya en el IRPF además de en el impuesto de sucesiones y donaciones”.

Por último, reclamó al Gobierno no acudir al coeficiente máximo establecido sino calcular el coeficiente que sería más justo para la ciudad, asegurando que en ningún caso el contribuyente se verá obligado a pagar más que lo pagaría con la regulación anterior del tributo.

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