“Ya hace casi cuatro años que el Tribunal Constitucional consideró no ajustado a derecho el cobro de este impuesto cuando no haya ganancias en la trasmisión de un inmueble.  Sin embargo, todavía no se ha modificado la Ley lo que deja en manos de los diferentes ayuntamientos la interpretación de cuando existen o no ganancias, lo que genera desigualdades e incertidumbres entre la ciudadanía, y no garantiza que no se esté cobrando cuando no exista una ganancia real, como ocurre a veces en nuestro Ayuntamiento”, señaló Pérez Carcedo.

A su juicio, se hace necesario recuperar el acuerdo y la propuesta que en su momento se había elaborado en el seno de la FEMP, e, incluso, compensar a los Ayuntamientos por la merma de ingresos derivada de una nueva regulación y por los costes de las devoluciones de las cantidades indebidas, que en Gijón han superado los 600.000 euros.

Para la formación naranja, el objetivo es que la reforma que se realice posibilite que el cálculo de la cuota tributaria se ajuste a la ganancia real obtenida por el transmitente, en vez de, como ocurre en la actualidad, vincularla a la variación del valor catastral y de los años transcurridos desde la última transmisión.

“No podemos dejar que su calculo dependa del criterio municipal ni de un valor fijado por la propia administración como es el valor catastral, sino que debería tener en cuenta la ganancia real obtenida, y asegurarse que si hay perdidas no se pagaría en ningún caso”, concluyó.

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