La comisión delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), presidida por la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha acordado hoy adjudicar a la Unión Temporal de Empresas (UTE), integrada por la consultora Recuperación de Energía S. A. (Resa SA) –miembro del grupo Fitchner- y la ingeniería asturiana Impulso, el contrato de asistencia externa para la redacción del proyecto de construcción de la futura planta de valorización energética.

La UTE también apoyará a Cogersa para obtener la autorización ambiental integrada y la licencia de obra, así como en la elaboración de los pliegos técnicos que regirán el procedimiento de contratación de su construcción y puesta en marcha. El plazo previsto para el desarrollo de los trabajos es de 10 meses.

Resa-Impulso ha sido seleccionada en el procedimiento público de contratación iniciado el pasado mes de diciembre con un presupuesto de licitación de un millón de euros. Al proceso concurrieron siete uniones de empresas con contrastada trayectoria en la prestación de los servicios solicitados. La adjudicataria presentó la oferta más barata, con un presupuesto de 564.723 euros (IVA excluido). Además de cumplir las exigencias definidas en el pliego de prescripciones técnicas, la unión de empresas ha demostrado la solvencia y experiencia previa de su equipo de profesionales en la obtención de los permisos ambientales y urbanísticos de plantas similares, en el estudio y minimización de su impacto en el entorno, y en el diseño, construcción, y control de operación.

Asimismo, Resa-Impulso, que aporta al contrato una dirección ambiental con más de 30 años de experiencia, también ha destacado en relación con sus herramientas para la modelización y control de las emisiones de todo tipo (aire, suelo, agua, vegetación, fauna y otras –personas, urbanismo, etc.-), en la capacidad para analizar las mejores tecnologías disponibles (en términos ambientales y de eficiencia económica) y en la concreción de su propuesta inicial para lo que será el proyecto básico de construcción. La adjudicataria cuenta también con el aval de su larga trayectoria en España y Europa en la asistencia externa a entidades públicas para la contratación de este tipo de plantas.

 

Al iniciar la contratación del proyecto básico de la planta de valorización energética, Cogersa avanza en el proceso de ampliación y modernización de sus instalaciones de tratamiento de residuos municipales, tal y como se encomienda en el Plan Estratégico de Residuos del Principado 2014-2024 (PERPA), de cara a conseguir que el actual modelo de gestión, con el vertedero como elemento central, sea sustituido en 2020 por una combinación de tecnologías donde primen el reciclaje y la valorización energética.

El objetivo es proceder a la licitación del contrato de construcción de la planta a finales de 2016.

 

La UTE deberá concretar las características de la instalación en términos de impacto ambiental, de construcción civil y de proceso industrial, y asistir a Cogersa en la realización de los trámites para la obtención de las licencias que son necesarias para iniciar la contratación de las obras, especialmente la autorización ambiental integrada y la licencia de obra. En concreto, la consultora deberá elaborar los siguientes documentos: estudio de impacto ambiental, proyecto ambiental básico, proyecto básico de construcción y los pliegos técnicos que regirán el procedimiento de licitación.

Así, una vez firmado el contrato, la adjudicataria iniciará la redacción del estudio de impacto ambiental de la instalación, de acuerdo con lo previsto la Ley 21/2013. Este estudio incluirá un análisis de la situación atmosférica de partida, realizado a través del análisis de campo, con caracterizaciones y muestreos del entorno relacionados con el suelo, el agua, el aire, la vegetación, la fauna, la población, etc. Esta fase englobará una detallada modelización de las emisiones futuras, incluyendo el ruido y los olores, lo que determinará las propuestas de diseño relativas a la minimización de todos estos efectos sobre el contexto natural y humano.

El segundo paso será la redacción del proyecto ambiental básico de la planta incineradora, que partirá de un análisis y de la selección de las mejores técnicas disponibles en todas las etapas de operación de planta: en la fase de incineración de residuos, en la producción de electricidad y en la depuración de gases, entre otros. Aquí se deberá contar con las especificaciones detalladas por la Comisión Europea en los documentos BREF, justificándose la selección de una u otra tecnología en función de su probada validez, su mayor eficiencia económica, y su menor impacto ambiental (menos emisiones, aplicación de la jerarquía de residuos, relación entre consumos/producción de energía, etc.).

Antes de la solicitud de la licencia de obra, la UTE adjudicataria deberá elaborar, asimismo, el tercero de los documentos requeridos: el proyecto básico de construcción; en el cual se detallarán aspectos concretos del diseño de la planta en términos industriales (equipamientos con mejores técnicas disponibles, diagramas de proceso, balances de masas, etc.), arquitectónicos (planos de implantación, alzados, secciones, etc.), y constructivos (estudio geológico y geotécnico, planos de urbanización y accesos), así como todo lo relacionado con la eficiencia energética de la instalación y el programa de desarrollo de desarrollo de los trabajos.

Por último, Resa-Impulso tendrá que redactar el documento con las bases técnicas que dirigirán el procedimiento público de contratación de la construcción y puesta en marcha de la planta. Estos pliegos técnicos concretarán, entre otros aspectos, las características técnicas, calidades y sistemas de ejecución de las unidades de obra previstas, las condiciones de suministro de los principales elementos e instalaciones de la planta, los criterios de aceptación / rechazo, la planificación de entrega y aprobación de documentación técnica del proyecto, las pruebas de garantía sobre materiales e instalaciones (en vacío, en caliente) y la obtención de rendimientos, así como las garantías de funcionamiento y penalizaciones por incumplimiento la empresa que resulte adjudicataria.

 

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