La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha presentado esta tarde a los miembros del Consejo Forestal del Principado de Asturias el borrador de resolución que modifica y flexibiliza la actual normativa sobre quemas en el territorio asturiano, y establece medidas de prevención contra incendios en la interfaz urbano-forestal.

Esta nueva resolución pretende “mejorar las normas actuales, hacerlas más claras, más comprensibles, aumentar los plazos de vigencia de algunas autorizaciones de quema evitando papeleo burocrático, así como incorporar nuevas denominaciones y modalidades y mejorar los plazos de permiso y ejecución de las quemas”, ha manifestado Álvarez. Además, amplía la participación de propietarios y profesionales de la ganadería y flexibiliza las condiciones “de uso controlado y racional del fuego como herramienta de gestión territorial”, ha añadido la consejera.

Desarrollo Rural implantará dos nuevas modalidades de quema, las denominadas a manta en fincas y de mantenimiento de brañas y camperas. La primera, permitirá a particulares realizar quemas en terrenos de hasta una hectárea, con el fin de obtener tierras de cultivo o pasto y la segunda, posibilitará ejecutar quemas por puntos.

La consejería también modificará y ampliará los plazos de autorización para otras modalidades como las quemas en montones o cordones de restos en fincas no forestales, que pasan de 6 meses a 1 año, y las quemas controladas, cuyo plazo de ejecución se amplía un mes, con lo que pasan a ser autorizables desde el 15 de octubre al 15 de abril. Con esta medida se persigue mejorar el rendimiento y la efectividad de las quemas, “incidiendo en la prevención así como dando mejor respuesta a las demandas de los ganaderos para el mantenimiento de pastos herbáceos”, ha indicado la titular de Desarrollo Rural. Además, se amplía la superficie máxima autorizada a 10 hectáreas, que puede incrementarse siempre que se justifique.

La Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias expide anualmente unos 10.000 permisos de quema y se solicitan alrededor de 70 quemas controladas.

La resolución mejora la interfaz urbano-forestal, el espacio comprendido entre los núcleos urbanos y los espacios forestales. Para ello, se regula la labor de inspección por parte de la Guardería de Medio Natural con el fin de establecer “los trabajos de mantenimiento necesarios y la comunicación a los propietarios para que efectúen las labores de limpieza”, ha señalado Álvarez. En los terrenos no forestales “se colaborará con los propietarios para que realicen las labores de mantenimiento a instancia de los ayuntamientos competentes”, ha añadido.

Durante la reunión mantenida hoy, la consejera ha presentado también el borrador del decreto por el que se creará el Registro de Montes Vecinales en Mano Común, para clarificar y consolidar la propiedad de estos terrenos, con el objetivo de salvaguardarlos y evitar usurpaciones. Los montes habrán de inscribirse en un registro público que incluirá el número e identificación de los mismos, su descripción, coordenadas y localización. En Asturias existen 78 montes vecinales en mano común.

La consejera también presentó los informes sobre el seguimiento del plan forestal de los años 2015 y 2016, así como el proyecto de presupuestos de la Dirección General del Montes e Infraestructuras Agrarias para el año 2018, que asciende a 26,2 millones, lo que supone una subida del 24%. La inversión forestal suma 19,2 millones y crece un 35% (5 millones más).

La dotación para prevención de incendios forestales, prioridad absoluta de la consejería, y otras actuaciones relacionadas con este fin, suman unos 12 millones, de los que 5,5 se destinan a obras que afectarán a masas forestales en Ibias, Valdés, Allande, Granas de Salime y Tineo, entre otros. Otros 3.530.000 euros se destinan a ayuntamientos y parroquias rurales para ejecutar infraestructuras para la defensa contra el fuego, lo que supone un incremento del 41%. La línea de subvenciones al desarrollo de zonas forestales destinada a los municipios está dotada con 1.150.000 euros, un 64% más, mientras que la orientada al desarrollo forestal de montes privados será de 3,7 millones, un 3% más. También se incorporan 300.000 euros para reposición de infraestructuras dañadas por los incendios del pasado mes de octubre.

Para proseguir con la concentración parcelaria se han consignado más de 4,5 millones, que permitirán trabajar en las 34 zonas de promoción pública que estarán en ejecución en 2018, y que afectan a más de 16.000 hectáreas; así como en las 16 zonas de promoción privada, que suman 1.750 hectáreas.

El Consejo Forestal es un órgano de debate y participación en la materia, en el que, además de del Principado, están representados, entre otros, miembros del sector, ayuntamientos, agentes sociales, la Universidad de Oviedo y organizaciones ecologistas. 

 

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