El Gobierno de Asturias aprueba la plantilla básica de los centros educativos para el próximo curso con 8.979 docentes, la cifra más alta de los últimos siete años

Publicada por Pressy el 29/03/2017 13:35:02

   - El Ejecutivo impulsa cinco nuevas concentraciones parcelarias en los concejos de El Franco, Valdés, Pravia y Salas

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy la plantilla básica de los centros públicos docentes no universitarios para el curso 2017-2018, con un total de 8.979 profesores, lo que implica un incremento de 55 plazas respecto a la del año pasado y de 258 en comparación con 2015. En los dos últimos cursos, se ha producido el mayor aumento en lo que va de década, con 313 puestos más.

La plantilla ha sido autorizada tras un proceso de negociación con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa de Personal Docente, con las que se han celebrado varios encuentros.

Al margen de esta dotación básica, los centros públicos contarán el próximo curso con todo el personal necesario para atender las demandas del sistema educativo, ya que a estos puestos docentes estructurales se sumarán los del personal funcionario de carrera e interino oportunos, una vez conocidos los datos reales de matrícula, los programas educativos, las horas lectivas de los equipos directivos y las medidas de atención a la diversidad.

La Consejería de Educación y Cultura ha realizado un trabajo previo de planificación con las direcciones de los centros con el propósito de determinar las necesidades reales de personal. Además, para elaborar la propuesta de plantilla, se han tenido en cuenta también las estimaciones actuales de alumnado para el curso 2017-2018 y los acuerdos sindicales.

El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a cinco decretos mediante los que se declaran de utilidad pública, interés social y urgente ejecución las concentraciones parcelarias de Grandamarina y La Braña (El Franco), la zona de Santiago (Valdés), la vega de San Ranón (Pravia) y el monte de Nava (Salas), la última de ellas de titularidad privada. Todas responden a solicitudes planteadas por las agrupaciones de propietarios a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

Para Grandamarina, La Braña, la vega de San Ranón y el Monte de Nava, los decretos establecen una superficie de 50 áreas como unidad mínima de cultivo agrícola y de 10 hectáreas para uso forestal. Por su parte, la agrupación de terrenos de Santiago contará con 40 hectáreas como superficie mínima de cultivo agrícola y 10 para uso forestal.

La zona de San Ranón es una vega fluvial, llana y fértil, con posibilidades para cultivos de huerta o frutales, mientras que las de La Braña y Grandamarina son áreas de monte, destinadas básicamente a cultivo forestal de eucalipto y pino, que se vieron muy afectadas por los incendios forestales de diciembre de 2015.

Con los acuerdos aprobados hoy, ya son ocho las concentraciones que emprende este año el Principado. Las otras tres fueron las de Huerres-La Isla (Colunga), Piedrafita-Jalón (Cangas del Narcea) y Folgosa (Grandas de Salime), con vocación ganadera y dominio de prados y pastizales.

Entre los beneficios que conlleva la concentración parcelaria destacan la reducción del número de fincas, la mejora de los accesos con nuevas redes de caminos y el ahorro en gastos de explotación, lo que se traduce en una mayor rentabilidad y en la recuperación de espacios singulares.

La Consejería de Desarrollo Rural trabaja actualmente en 37 zonas de concentración parcelaria ordinaria, que abarcan unas 15.800 hectáreas, a las que hay que añadir otras 16 privadas, con 1.600 hectáreas.

Hasta ahora, se ha actuado en 36 de los 78 concejos, con un claro predominio en las comarcas noroccidental y suroccidental, es decir, en las áreas donde la actividad agrícola, ganadera o forestal es más abundante. Los municipios que cuentan con mayor número de concentraciones son Tineo, Valdés, Castropol, Cangas del Narcea, Vegadeo, Tapia de Casariego y Taramundi.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de 445.619 euros para la renovación integral del alumbrado público de la red de puertos autonómicos desde Castropol a Puerto de Vega.

En concreto, se actuará en los de Castropol, Figueras (Castropol), Tapia de Casariego, Viavélez (El Franco), Ortiguera (Coaña) y Puerto de Vega (Navia), donde las instalaciones se renovarán de forma integral o parcial, en función de su estado actual.

La Consejería de Sanidad suscribirá un convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo para extender el programa Paciente activo Asturias (Pacas) a las personas que participan en el Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (Pumuo). El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la firma de este acuerdo, que persigue implicar en este proyecto a los alumnos del Pumuo mayores de 50 años que sean enfermos crónicos o tengan a su cargo a alguna persona con esta condición.

En concreto, se impulsará el programa Tomando control de su salud entre el alumnado del Pumuo que voluntariamente quiera acceder a la formación teórica, el aprendizaje de hábitos de vida saludables y la creación de dinámicas grupales que favorezcan la ayuda mutua y una mejor gestión de la enfermedad.

La Consejería de Sanidad aportará los monitores necesarios para impartir la formación y el material para los talleres. Por su parte, la Universidad de Oviedo se compromete a difundir la iniciativa entre el alumnado y a aportar los locales para las clases.

El Ejecutivo ha acordado prorrogar por un año el convenio suscrito el 5 de mayo de 2016 entre la Consejería de Sanidad y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para impulsar actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados por patologías derivadas de la exposición al amianto.

El acuerdo permite evaluar con criterios facultativos homogéneos las consecuencias que implica la exposición al amianto, de cara a posibles valoraciones de incapacidad laboral.

El Ejecutivo ha autorizado la cesión al Ayuntamiento de Gozón de un local ubicado en los bajos de la promoción de viviendas de protección pública de la calle Tres de Abril, de Luanco, que acogerá las acciones del programa municipal de intervención social con la comunidad gitana.

El bajo tiene una superficie de 88 metros cuadrados y la cesión se formaliza por un plazo de cuatro años, prorrogable otros cuatro.

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