El Principado flexibiliza la normativa para facilitar la apertura de nuevas escuelas destinadas al alumnado de 0 a 3 años en las ciudades. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la modificación del decreto 27/2015, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos de los centros en los que se imparte el primer ciclo de Educación Infantil. En concreto, se introducen artículos que permitirán poner en marcha este tipo de equipamientos en edificios con más de una planta de altura.

Hasta ahora, la legislación limitaba la construcción o rehabilitación de estos centros a inmuebles de planta única. Sin embargo, la Consejería de Educación considera que este aspecto dificulta el crecimiento de la red de escuelas infantiles, especialmente en las ciudades. Por esta razón, la modificación aprobada posibilitará que los centros tengan más de un piso cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:

El decreto recoge, además, una serie de requisitos relacionados con la accesibilidad a los patios, las salidas directas al exterior y la normativa vinculada a la seguridad en caso de incendio.

El presupuesto del Principado para este año recoge casi 22 millones para las escuelas de 0 a 3 años, incluidos los gastos de funcionamiento y las inversiones para la extensión de la red.

Actualmente, Educación tiene firmados convenios con 43 ayuntamientos que permiten el funcionamiento de 71 escuelas. El curso pasado, el 83,77% del alumnado se benefició de algún tipo de bonificación en la matrícula y exactamente la mitad (50%) tuvo una bonificación del 100%, es decir, que no pagó nada.

 

El Consejo de Gobierno ha acordado aceptar las compensaciones derivadas de la modificación del sistema de gestión, liquidación y contabilización del IVA correspondiente a 2017 previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. El Ejecutivo autonómico toma esta decisión con base en los cálculos trasladados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que establecen en algo más de 86 millones la compensación, teniendo en cuenta los intereses exigibles. Esta cantidad es ligeramente superior a la estimada en la reclamación presentada por el Principado.

El importe de la aportación se regulará por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública y la aceptación conlleva tanto el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos judiciales como de retirar aquellos que estén en curso, como es el caso de Asturias.

El Principado emprendió diferentes actuaciones para reclamar el pago de las cuantías adeudadas como consecuencia de la decisión adoptada por el Ejecutivo central, cuando gobernaba el Partido Popular, que supuso la modificación del sistema de recaudación del IVA en 2017. Esta medida tuvo un impacto negativo sobre la liquidación del modelo de financiación autonómica efectuada en 2019.

En este contexto, el Gobierno de Asturias acudió en primera instancia a la vía política y se dirigió de manera reiterada al ministerio por varias vías. Dado que la Administración central no accedió a un acuerdo, el 29 de septiembre de 2020 se remitió formalmente un requerimiento a Hacienda con el fin de que adoptase las medidas pertinentes para compensar al Principado. El 20 de octubre de 2020 se recibió contestación negativa y, posteriormente, el 18 de diciembre, se interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, último paso del proceso hasta este momento.

Con el acuerdo de hoy, el Principado da un paso decisivo en la defensa de sus intereses para obtener la mensualidad pendiente del IVA correspondiente a 2017, unos recursos que le pertenecen y resultan necesarios para mejorar los servicios públicos e impulsar la economía.

 

El Ejecutivo ha aprobado la redacción de unas normas urbanísticas provisionales para Llanes, que estarán en vigor hasta que el concejo cuente con un plan general de ordenación y tendrán un alcance más limitado que este. La medida, consensuada con el municipio, ofrecerá seguridad jurídica y permitirá la ordenación de las necesidades a corto plazo.

Las normas provisionales, que se elaborarán en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes y para cuya redacción se destinan 36.000 euros, sustituirán a las normas urbanísticas regionales en el medio rural que hasta ahora rigen en el municipio y que datan de la década de los años 80, por lo que están causando disfunciones e incertidumbre.

Por otro lado, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha informado al Consejo de Gobierno sobre la finalización de los trabajos de revisión del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU), documento que ahora se remite al Consejo Consultivo. Este paso, sumado a la reciente aprobación de la Ley del Principado 4/2001, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes, agilizarán la tramitación en materia urbanística y territorial.

 

La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica firmará sendos convenios con la Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado (Aceppa) y la Fundación para el Fomento de la Economía Social (FFES) para colaborar en el desarrollo del programa de apoyo al emprendimiento que se financiará con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Ambas entidades serán las encargadas de proporcionar asesoramiento a emprendedores para la creación de nuevas empresas y para la ejecución de diagnósticos de situación de sociedades en funcionamiento. La Dirección General de Comercio, Emprendimiento y Economía Social aportará un millón a los centros de Aceppa y 20.000 euros a la Fundación para el Fomento de la Economía Social para este fin.

Este nuevo programa de apoyo al emprendimiento cuenta con un presupuesto de 3.948.000 euros y financiará proyectos con orientación prioritaria hacia la economía verde y la digitalización, con subvenciones de 4.000 euros por proyecto. Esta iniciativa persigue favorecer el desarrollo territorial mediante la promoción de la inserción laboral a través del autoempleo y el apoyo a iniciativas que conlleven la creación de trabajo estable.