El Gobierno de Asturias se propone establecer en la Administración autonómica un sistema retributivo y de carrera profesional que consolide derechos adquiridos y premie la excelencia y la profesionalidad por la consecución de objetivos directamente relacionados con el buen funcionamiento de los servicios públicos. Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, durante su comparecencia en la Junta General, donde ha avanzado algunas de las medidas que se implantarán para conseguir una Administración más eficaz y moderna.

El consejero ha señalado que el anteproyecto de Ley del Empleo Público, uno de los pilares fundamentales de la reforma, propone incentivos para los empleados públicos “que diferencien adecuadamente el buen desempeño laboral y el logro de objetivos del que resulta insuficiente”. “El trabajo de los empleados públicos se valorará de manera integral, rigurosa y objetiva”, ha precisado Cofiño.

Estos cambios se materializarán a través del desarrollo reglamentario de la futura norma y en el marco de la negociación colectiva, bajo los principios de buen funcionamiento de los servicios públicos y la excelencia del personal que garantiza su funcionamiento.

Entre otros aspectos, la ley clarifica las funciones del personal, ordena las competencias de los órganos administrativos, plantea un sistema de cuerpos y escalas acorde con las necesidades actuales, potencia áreas como la informática y las nuevas tecnologías e incorpora mecanismos para una gestión eficiente de los recursos humanos.

Asimismo, desarrolla la figura de personal directivo “con un modelo que se inserta en el ámbito funcionarial, optimizando el papel de los empleados públicos en este nivel profesional inmediatamente anterior al de los cargos políticos”, según ha explicado el vicepresidente. “Los legítimos derechos de los empleados públicos, salvaguardados por la legislación básica y la autonómica que se proyecta aprobar, deben ser compatibles con el interés general y la eficacia”, ha añadido.

 

Por otra parte, el consejero ha señalado que el plan de mejora de la calidad del aire de la aglomeración Gijón será sustituido por el Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado (Pecapa), que abarcará todo el territorio de la comunidad y prestará especial a Gijón.

El nuevo plan, en fase de redacción, se centra en el despliegue de medidas para mejorar la calidad del aire con el fin de “avanzar hacia los niveles de contaminación marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, ha manifestado Cofiño. En este sentido, el modelo que se está diseñando para evaluar la concentración de contaminantes utiliza como referencia los niveles publicados recientemente por la OMS.

No obstante, el titular de Medio Ambiente ha advertido que los objetivos en materia de calidad del aire “se definen en directivas europeas, que fijan métodos comunes para su supervisión y evaluación en todos los países miembros de la Unión Europea”.

Además, Cofiño ha asegurado que el plan de acción a corto plazo para mejorar la calidad del aire en la zona oeste de Gijón está plenamente operativo. “Tan solo queda pendiente la aprobación del protocolo de contaminación, por parte del Ayuntamiento, y la revisión de la medida relativa a las inversiones en el sínter B de Arcelor, así como finalizar la instalación de la nueva estación medidora de El Lauredal, por parte del Principado”, ha detallado.

En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea afirmó recientemente que no existe un problema de superación de valores límite de contaminación en Gijón y ha admitido que el concejo cuenta con un número de estaciones suficiente para medir la calidad del aire. La Comisión Europea respondió así a una pregunta sobre este asunto del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, en el que se integra Podemos.

 

Durante su intervención en la Junta, el consejero ha informado de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico prevé iniciar el próximo año las obras de saneamiento de Bañugues, en Gozón, con un presupuesto de 6,3 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto está propuesto para su ejecución con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.