El Gobierno de Asturias destinará 483.806 euros al nuevo juzgado de violencia sobre la mujer del Palacio de Justicia de Gijón, un espacio independiente en el que la víctima podrá declarar con mayor confort, seguridad e intimidad.

La reforma prevista contempla la adecuación de una zona más de 500 metros cuadrados de superficie en la sede judicial, que actualmente permanece vacía, en la segunda planta del bloque central del edificio. Aproximadamente la mitad de la superficie, unos 250 metros cuadrados, se destinará al juzgado de violencia sobre la mujer, un área independiente que contará con dos accesos: uno a la zona restringida, desde el pasillo de funcionarios, y otro a la zona de atención al público, de manera que se mantendrá la circulación diferenciada para personal y usuarios, como en el resto del inmueble.

El nuevo órgano contará con una oficina judicial (106,5 metros cuadrados) zona de atención en mostrador (27,44 metros cuadrados), área de espera de público (19,35 metros cuadrados), despachos para juez y letrado, sala de entrevistas con dos accesos independientes y archivo.

Esta actuación implica una mejora significativa sobre la situación actual, dado que las mujeres no disponen de un espacio adecuado e íntimo para declarar y los diferentes servicios del juzgado están dispersos por el edificio.

Esta mejora se une a la sala Gesell inaugurada el pasado marzo en Gijón, la primera de estas características construida en Asturias, que supuso un desembolso de 85.000 euros financiados con cargo a los fondos que la comunidad recibe del Pacto de Estado contra la Violencia sobre la Mujer.

 

Por otra parte, el Gobierno de Asturias dedicará 990.577 euros a la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de videoconferencias y grabaciones en 83 salas de vistas de 18 partidos judiciales: Cangas del Narcea, Onís, Castropol, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Pola de Siero, Piloña, Tineo, Valdés Villaviciosa, Oviedo (24 salas), Gijón (20 salas) y Avilés (7 salas).

Este contrato asegurará durante los próximos dos años el adecuado funcionamiento de todos los sistemas informáticos que deben estar al día, con versiones actualizadas y contratos de soporte en vigor, para prestar un servicio adecuado a la ciudadanía, de forma que cualquier incidencia pueda resolverse en el menor tiempo posible.