El Gobierno de Asturias protegió a 919 menores y desarrolló programas de prevención y apoyo a las familias de los que se beneficiaron otros 4.480, según la memoria de actividad del Instituto de Atención Integral a la Infancia de 2018, que se ha presentado hoy en la reunión del consejo rector del organismo.

Respecto a las medidas de protección, entre las que se encuentran el acogimiento y las adopciones, a finales del pasado año permanecían en acogimiento familiar 438 menores: 379 a cargo de familiares (familia extensa) y 59 en hogares sin vínculo de parentesco (familia ajena).

En cuanto al acogimiento residencial, 743 menores fueron atendidos el pasado ejercicio en las 480 plazas disponibles en centros. De ellos, 460 permanecían en esta situación al terminar el ejercicio (296 chicos y 164 chicas), de los que el 49,8% tenían entre 15 y 17 años. Por nacionalidades, 273 eran españoles y 138 extranjeros. En este último caso, 117 eran menores no acompañados. Además, 49 jóvenes ocupaban plazas residenciales en programas de transición a la vida adulta.

En el apartado de adopciones, se hicieron efectivas 25: 21 nacionales y 4 internacionales. El número de familias valoradas como idóneas para formalizar una adopción nacional se situó en 45 y se emitieron 21 certificados de idoneidad para casos internacionales.

Entre los programas de prevención y apoyo a las familias, que se realizan en colaboración con ayuntamientos y otras entidades, destaca la labor de los equipos de intervención de apoyo familiar, que prestaron servicios a 1.543 menores; el trabajo de los puntos de encuentro familiar, por los que pasaron otros 648; los talleres de parentalidad positiva, en los se formaron 397 personas, y el programa de participación infantil, que llegó a 1.040 beneficiarios.

Además, en 2018 se abrieron 334 nuevos expedientes que se plasmaron en 208 tutelas, 32 guardas y 221 medidas de acogimiento residencial. Otros 89 menores pasaron por el programa de atención inmediata. Las solicitudes de intervención procedieron de la Policía o la Guardia Civil (33,43%), los servicios sociales municipales (26,69%), los hospitales (10,11%) y la Fiscalía de Menores (9,27%).

 

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