La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático ha sacado hoy a consulta previa el futuro proyecto de Ley del Principado de Asturias del Empleo Público con el propósito de recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma.

El plazo de este este trámite inicial, necesario para la elaboración de la normativa, concluye el 14 de diciembre. Hasta ese día, las personas y entidades interesadas pueden hacer llegar sus opiniones a través del enlace: http://www.asturiasparticipa.es/consulta_previa/proyecto-de-ley-del-principado-de-asturias-del-empleo-publico/

Una vez finalizado el plazo, la consejería valorará la incorporación de las aportaciones recibidas y continuará con la tramitación ordinaria del procedimiento de elaboración del proyecto.

La futura norma, una de las piezas fundamentales en la reforma de la Administración que está llevando a cabo el Gobierno de Asturias, persigue adecuar y actualizar la regulación autonómica de los empleados públicos, que data de 1985, para adaptarla al actual contexto social, normativo y de prestación de servicios.

La elaboración de esta disposición, como instrumento que plasme el nuevo modelo de Administración del Principado, es uno de los objetivos de la legislatura. La ley regulará, entre otros aspectos esenciales, los mecanismos de movilidad y flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, el diseño de cuerpos y escalas para adaptarlos a las necesidades actuales de los servicios a la ciudadanía, la provisión de puestos de trabajo, el establecimiento de deberes y el reconocimiento de derechos, las vías para la consolidación de los interinos, un régimen de retribuciones más eficiente, la prestación de servicios a distancia y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

La reforma de la Administración es un compromiso complejo, que requiere estudios profundos para el desarrollo de diferentes acciones en el ámbito de la gestión de la función pública, dirigidas a disponer de los recursos humanos adecuados y con las destrezas y competencias necesarias para la prestación eficiente de servicios públicos de calidad.

Se trata de configurar una organización moderna y con entornos de tramitación electrónica, que evolucione y se adapte a nuevas necesidades sociales, una Administración de “nueva generación” y eficiente.