El Gobierno de Asturias se ha adherido a la declaración conjunta de las cooperaciones descentralizadas del país (las que practican comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) enmarcada en la crisis de la COVID-19, mediante la que se acuerdan “propuestas imprescindibles para promover el desarrollo sostenible en un mundo complejo, cambiante e interdependiente”. Según el texto acordado, comunidades autónomas y entes locales “apostamos por consolidar alianzas y consensos políticos y sociales que permitan continuar invirtiendo y contribuyendo a garantizar un presente y un futuro sin dejar a nadie atrás, porque de la crisis se sale cooperando”.

Ante el impacto de la COVID-19, que acelerará una transformación global tanto a nivel económico como social y político, la cooperación descentralizada se propone abordar los desafíos actuales desde una perspectiva local-global, coordinada y complementaria. Por ello, el acuerdo destaca que “la crisis ha puesto de manifiesto la interdependencia geográfica y entre los diversos ámbitos del desarrollo: salud, economía, protección social, medio ambiente... La visión comprehensiva de la Agenda 2030 nos ofrece una oportunidad para afrontar una crisis como la actual”.

Por otro lado, señala la necesidad de equilibrar lo urgente y lo importante: “La gravedad de la situación nos obliga a priorizar también aspectos a medio y largo plazo, como la revalorización de los bienes públicos globales, las consecuencias del cambio climático, o las causas de las grandes migraciones”.

Entre los acuerdos recogidos figuran los de avanzar hacia la sostenibilidad, reforzar lo público, reducir las brechas (también la digital) y apostar por lo local. Además, “la respuesta a la pandemia ha puesto de relevancia el aporte fundamental de las mujeres”, por lo que se propone también reforzar el enfoque de género en estas políticas.

Por último, se apuesta por fortalecer la sociedad civil organizada y su participación en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas, “ya que desde su cercanía a las poblaciones más vulnerables puede garantizar la defensa de sus derechos y que nadie se quede atrás”. “La solidaridad internacional es una responsabilidad compartida e imprescindible para garantizar el futuro del planeta”, recoge la declaración.

A la declaración se suma un gesto conjunto de solidaridad que persigue dar respuesta a la emergencia de dos poblaciones desplazadas en situación de especial vulnerabilidad, agravada por la crisis de la COVID-19: los campamentos saharauis de Tinduf y los de personas refugiadas palestinas, a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa). Las comunidades aportan, en conjunto, 2.455.000 euros.

Las autonomías, los fondos de cooperación y solidaridad y otras entidades celebran esta tarde el seminario De la crisis se sale cooperando, que se puede seguir en el enlace https://cutt.ly/syPMezR , a partir de las 18:00 horas. En el encuentro se aportarán reflexiones para identificar los principales retos en este ámbito y los elementos a tener en cuenta para la toma de decisiones.