Pelayo Barcia: “Durante los siete meses transcurridos desde el registro de la proposición normativa conjunta (presentada por FORO, Ciudadanos, PP y Vox) el Gobierno se ha dedicado a sugerir otras vías poco eficaces y que tal parece están encaminadas a ‘ganar tiempo’ y no a resolver el problema”

Gijón (09.11.2022) El concejal del Grupo Municipal de FORO Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia Castañón, ha presentado hoy en una rueda informativa la iniciativa, en forma de preguntas, que llevará al próximo Pleno, para reclamar al equipo de gobierno de PSOE e IU que tramite la proposición normativa conjunta registrada por Ciudadanos, FORO Asturias, Partido Popular y Vox en el Pleno del pasado mes de abril, para la derogación de las normativas relativas al pago del servicio de estacionamiento regulado de las personas con movilidad reducida.

“Durante los siete meses transcurridos desde el registro de dicha proposición, el Gobierno se ha dedicado a sugerir otras vías poco eficaces y que tal parece están encaminadas a ‘ganar tiempo’ y no a resolver el problema”, ha advertido Pelayo Barcia. “Mucho nos tememos que este equipo de gobierno no se atreve a tramitar la proposición normativa porque es muy probable que salga aprobada, ya que a la concentración contra los cambios normativos, celebrada el pasado 18 de marzo, acudieron todos los partidos de la oposición que suman mayoría en el Pleno (Ciudadanos, FORO Asturias, Podemos, PP y Vox)”, ha destacado.

A juicio del concejal forista, “la única solución eficaz es suprimir la tarjeta municipal de residente para personas con movilidad reducida y establecer la gratuidad de pago a aquellos vehículos que exhiban la tarjeta europea, tal y como estaba anteriormente y tal y como se proponía en la proposición presentada, pero hasta la fecha no sabemos nada sobre su tramitación”.

(A continuación, se adjunta la iniciativa de FORO Asturias:

 Preguntas de Pleno sobre el estado de tramitación de la Proposición normativa para la derogación de las normativas relativas al pago del servicio de estacionamiento regulado de las personas con movilidad reducida, presentada el 12 de abril de 2022

A la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Gijón

Exposición de motivos

El pasado día 12 de abril los grupos municipales de Ciudadanos, Foro Asturias, Partido Popular y Vox registraron al Pleno, con número de entrada 2022000437, una ‘Proposición Normativa’ conjunta para la derogación de las normativas relativas al pago del servicio de estacionamiento regulado de las personas con movilidad reducida.

Esta proposición recogía las demandas de entidades y colectivos representantes de las personas con discapacidad y movilidad reducida de Gijón, contra los cambios en las ordenanzas fiscales y de movilidad sostenible aprobadas por el Ayuntamiento de Gijón.  

Estas modificaciones obligan, desde el 1 de enero de 2022, a las personas con movilidad reducida a pagar la tarifa general por el servicio de estacionamiento regulado o, en el caso de los empadronados o con centro de trabajo en Gijón que no quieran acogerse a dicha tarifa general, a realizar trámites burocráticos para obtener una tarjeta adicional a la que ya poseen y que está normalizada en toda la Unión Europea, y a abonar una tarifa de 45 euros que les permita estacionar en las zonas azules, verdes y naranjas de la ciudad con la misma condición de un residente. Una tarifa de la que llevaban exentos veinte años, tras la conquista de ese derecho por el movimiento asociativo, y que fue respetado por gobiernos municipales de distintos colores políticos, hasta finales de 2021.

El 18 de marzo esas demandas se visibilizaron con una concentración en la Plaza Mayor. A esa concentración, aparte de decenas de afectados, acudieron representantes de todos los Grupos Municipales que conforman la oposición, lo que constituye una mayoría absoluta de la Corporación municipal posibilitando que dicha modificación propuesta sea aprobada, razón por la que fue presentada.

Durante estos 7 meses que han pasado desde su registro, el Gobierno municipal no ha mostrado su rechazo a los objetivos de los colectivos, algo paradójico porque ha sido el propio Gobierno quien aprobó los cambios. Pero en lugar de dar la razón a los partidos proponentes, modificando la Ordenanza de Movilidad, se ha dedicado a proponer o sugerir otras vías alternativas que se han demostrado poco eficaces y que tal parece están encaminadas a “ganar tiempo” y a no a resolver el problema. 

El Gobierno dijo que incluiría la gratuidad de la tarjeta de residente para PMR en la Ordenanza Fiscal, algo que no ha sido posible por razones legales y que, además, no incluiría a las personas con movilidad no reducida no empadronadas, que no pueden obtener dicha tarjeta municipal.

El Gobierno también intentó acallar las críticas diciendo que esto se podía resolver durante la tramitación de la Ordenanza de Accesibilidad. Sin entrar en discusiones técnicas, si esto es posible o no, la realidad es que esta normativa necesita un tiempo de tramitación superior al año, por lo que las personas afectadas deberían seguir pagando durante este tiempo.

La realidad es que la única solución eficaz es suprimir la tarjeta municipal de residente para PMR y establecer la gratuidad de pago a aquellos vehículos que exhiban la tarjeta europea, tal y como estaba anteriormente y tal y como se proponía en la proposición presentada, pero hasta la fecha no sabemos nada sobre su tramitación. 

Las proposiciones normativas, según dicta el Reglamento de este Pleno, se someterán por un plazo de treinta días a los informes preceptivos de la Asesoría Jurídica y de la Secretaría General del Pleno, pudiendo este último consistir en una nota de conformidad con el citado informe jurídico de la Asesoría y, en su caso, a informe técnico y económico. Emitidos estos informes, se seguirá el procedimiento previsto para los proyectos normativos. Pero transcurridos casi 7 meses aún no se conoce nada sobre estos informes.

Fundamento jurídico