Por Inaciu Iglesias en 'El Comercio'

La vicepresidenta del Gobierno –español, para más señas– acaba de explicar que pagar impuestos nos hace responsables. Y tiene razón; estoy completamente de acuerdo: contribuir es lo que nos convierte en propietarios; y podrá ser aburrido o desagradable, pero es muy necesario. De hecho, es el fundamento de nuestra democracia: cuadrar presupuestos, traducir expectativas a números y transformar contribuyentes en propietarios; así funcionamos.

Termina ahora la campaña de la renta y empieza la de sociedades. Las personas físicas ya cumplieron y ahora les toca a las jurídicas: a las empresas grandes, medianas y pequeñas; esos entes malvados y ambiciosos que solo saben generar riqueza y empleo y otros bienes y servicios igual de prescindibles. Y es ahora cuando nuestros políticos insisten en repetirnos que, como lo primero es combatir el paro, ellos nos cogen un poco de la riqueza y empleo que nosotros generamos para repartirlos y darles un mejor uso. Y, en principio, nada que objetar: la teoría es correcta, pero algunas prácticas son tan irresponsables que, como poco, consiguen el efecto contrario. Veámoslo.

Empecemos por lo de generar empleo. Por cada salario generado de, digamos, 1.100 euros al mes, líquidos, la Administración cobra 650. Ya ven: más de la mitad. O, en otras palabras, que, si son catorce pagas, una empresa debe producir más de 24.000 euros al año para crear un empleo estable. ¿Y qué pasa según vamos aumentando el nivel? ¿Aumenta también la proporción de impuestos? Pues no. Al contrario ¿Saben cuánto debe pagar una empresa –cada mes– por generar un salario de 1.700? Pues unos 800 euros. ¿Ven cómo la proporción es menor? Pues así todo. Y, bueno, ustedes dirán si esta es manera, o no, de fomentar el empleo; o si deberíamos dejar esos dineros recaudados a las propias empresas para que crearan más puestos de trabajo.

Por supuesto, todo es cuestión de equilibrio y nada se puede reducir al absurdo: el debate no es si los impuestos son altos o bajos; el problema es quién los paga. Y miren: un trabajador como el que decíamos antes tributa al 20%; la empresa que lo contrata, si es pequeña o mediana, lo hace al 17%, pero si es grande lo hará al 6%. Y si es un banco de esos súper-fusionado, su tipo efectivo será de un 2,8%. Y no les hablo de proyecciones teóricas, ni de delincuencia fiscal, es la pura y dura realidad: son los datos oficiales de la Agencia Tributaria.

Robar a los ricos para dárselo a los pobres ¿O era al revés? Hace dos años nuestro Gobierno súperprogresista –español, para más señas– creó, con nuestros impuestos, un fondo de 10.000 millones de euros, gestionado por la SEPI, para ayudar a las empresas «afectadas por la pandemia». En principio, ese fondo no iban destinado a las grandes corporaciones –ya saben, esas malvadas oligarquías opresoras– y en su objeto se excluía expresamente a las compañías multinacionales, propiedad de fondos, con sede en terceros países con mejor fiscalidad; que bastante bien se las arreglan sin nuestras ayudas. Pero ya ven. En poco más de veinte meses y con el dinero recaudado de nuestros salarios –del suyo y del mío– ya llevamos rescatadas a Celsa, Isastur, Imasa, Meeting Point, Vivanta o Blue Sea; y a Portobello, Mediterránea de Catering o la cadena de gimnasios Supera. Todas grandes. Ninguna pequeña. Y millones de euros.

Y, por supuesto, también estos datos son datos públicos.