Oblanca: “Frente al Gobierno de Sánchez de acusada querencia a incumplir la Constitución, resulta muy oportuna la toma en consideración de un texto legislativo para que las Cortes Generales pongan término a la actual situación de bloqueo a perpetuidad”

24.09.2021 (Madrid). El diputado nacional de FORO Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó en la sesión plenaria del Congreso celebrada esta semana la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la imparcialidad de su actuación.

En su intervención ante la Cámara, Oblanca dijo que “frente a este Gobierno de Sánchez de acusada querencia a incumplir la Constitución, resulta muy oportuna la toma en consideración de un texto legislativo para que las Cortes Generales pongan término a la actual situación de bloqueo a perpetuidad”. “El empecinamiento del Ejecutivo PSOE-Podemos, en su indisimulado afán por ejercer el control sobre el órgano de gobierno de los jueces, impide que estos puedan oxigenar el Consejo General del Poder Judicial”, afirmó.

“FORO siempre ha rechazado un sistema de elección que encubre cuotas de partido y humilla la independencia de uno de los grandes poderes del Estado. De ahí que resulte certero el retorno a una fórmula que avanza en la elección del Consejo General del Poder Judicial por jueces y magistrados”, recordó Oblanca que reiteró su intervención “en el Senado, hace ocho años, rechazando en solitario la renovación a través de un sistema de elección parlamentaria que encubre cuotas de partido y humilla la independencia de uno de los grandes poderes del Estado”. “ De ahí que resulte certero el retorno a una fórmula que avanza en la elección del Consejo General del Poder Judicial por jueces y magistrados, que es por otra parte lo que defendió ante las Cortes el entonces ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón, para posteriormente desentenderse y mantener un sistema arbitrario, que es lo que ha empantanado hoy la renovación de la cabecera de uno de los tres poderes del Estado, que, encima, está sufriendo las presiones y acometidas del actual Gobierno y ve zarandeada gravemente su independencia”.

“¡Y qué decir del ministerio fiscal! Fue un atropello a la democracia y a la ley el nombramiento por Pedro Sánchez de la que fuera su primera ministra de Justicia, la señora Delgado, que tiene en su haber el negativo récord de haber sido triplemente reprobada por las Cortes Generales”, expresó el diputado asturiano que concluyó señalando que “el inmediato futuro de la Fiscal General está pendiente de varios recursos al Supremo ante la palmaria evidencia de que incumple un principio básico como es el de la imparcialidad”. “De ahí que sea imprescindible el refuerzo al imperio de la ley que se deriva de esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular que apoyaré con mi voto”.

Intervención en el Pleno del Congreso del diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, durante el debate de la Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la imparcialidad de su actuación.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: “Muchas gracias, señora presidenta.

 El Grupo Parlamentario Popular acierta de pleno cuando plantea esta proposición de ley para reforzar la independencia del Poder Judicial y para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al objeto de garantizar la imparcialidad de sus actuaciones. Frente a este Gobierno de acusada querencia a incumplir la Constitución, tal y como viene certificando con sus sentencias el Tribunal Constitucional a lo largo de esta XIV Legislatura, resulta muy oportuna la toma en consideración de un texto para que las Cortes Generales pongan término a la actual situación de bloqueo a perpetuidad.

 El empecinamiento del Ejecutivo PSOE-Podemos, en su indisimulado afán por ejercer el control sobre el órgano de gobierno de los jueces, impide que estos puedan oxigenar el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación rechacé con una intervención en solitario en el Senado hace casi ocho años, oponiéndome a un sistema de elección parlamentaria que encubre cuotas de partido y humilla la independencia de uno de los grandes poderes del Estado. De ahí que resulte certero el retorno a una fórmula que avanza en la elección del Consejo General del Poder Judicial por jueces y magistrados, que es por otra parte lo que defendió ante las Cortes el entonces ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón, para posteriormente desentenderse y mantener un sistema arbitrario, que es lo que ha empantanado hoy la renovación de la cabecera de uno de los tres poderes del Estado, que, encima, está sufriendo las presiones y acometidas del actual Gobierno y ve zarandeada gravemente su independencia.

Señorías, ¡y qué decir del ministerio fiscal! Fue un atropello a la democracia y a la ley el nombramiento por Pedro Sánchez de la que fuera su primera ministra de Justicia, la señora Delgado, que tiene en su haber el negativo récord de haber sido triplemente reprobada por las Cortes Generales y cuyo inmediato futuro está pendiente de varios recursos al Supremo ante la palmaria evidencia de que incumple un principio básico como es el de la imparcialidad. Desde la aprobación de 1978 no es la primera vez que un Gobierno socialista incumple la ley para nombrar fiscal. Recuérdese aquel lamentable episodio del nombramiento —a principios de los años noventa— del señor Eligio Hernández, que incumplía alguno de los requisitos para su designación. Hoy también estamos a expensas de que el Tribunal Supremo corrija la puerta giratoria que colocó a la exministra Delgado como responsable de la Fiscalía General del Estado para hacer depender la institución del Gobierno, aspiración convicta y confesa de Sánchez en una celebérrima entrevista radiofónica que indignó a todo el mundo judicial. Lo acaba de recordar la señora Gamarra. De ahí que sea imprescindible el refuerzo al imperio de la ley que se deriva de esta iniciativa parlamentaria que apoyaré con mi voto”.

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