Cristina Coto: “La resolución del Tribunal Administrativo Central pone en evidencia que COGERSA está gestionada como un cortijo particular”

“Los requisitos impuestos por COGERSA para licitar los servicios de auditoría de sus cuentas sólo se cumplen en el 0,16% de las empresas españolas de auditoría -ninguna asturiana- impidiendo con ello la participación de la pequeña y mediana empresa en la contratación pública”

“El Consorcio para la Gestión de Residuos se ha convertido en un coto privado de los Fernández: Javier Fernández, Belén Fernández y Santiago Fernández, que no defienden los intereses particulares de los asturianos ni de los Ayuntamientos”

“FORO viene denunciando, y se puso en evidencia con SOGEPSA, que bajo el paraguas de Belén Fernández el sector público asturiano practica la competencia desleal, teniendo que ser el control judicial el que saque a flote las irregularidades”

La presidenta de FORO, Cristina Coto, conocida la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) por la que el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos (COGERSA) deberá adecuar el pliego de condiciones de contratación de los servicios de auditoría y abrirlo a otras empresas, manifestó esta mañana a los medios informativos que “la resolución del Tribunal Administrativo Central pone en evidencia que COGERSA está gestionada como un cortijo particular”.

Cristina Coto resalta que “no es de recibo que para realizar una auditoría se exija en los pliegos de condiciones que los licitadores debían de acreditar una facturación anual superior a un millón de euros en al menos uno de los tres últimos ejercicios concluidos. El TACRC determina que los pliegos anulados imponían unos criterios de solvencia hasta 17 veces mayores a los exigidos por la normativa vigente. Y es especialmente grave que una empresa pública ponga trabas a la igualdad, la competencia y la libre concurrencia”.

“Los requisitos impuestos por COGERSA para licitar los servicios de auditoría de sus cuentas sólo se cumplen en el 0,16% de las empresas españolas de auditoría -ninguna asturiana- impidiendo con ello la participación de la pequeña y mediana empresa en la contratación pública”, añade Cristina Coto.

“El gobierno de Javier Fernández  -continúa Coto- incumple una vez más la Ley de Contratos del Sector Público, atentando contra sus principios más básicos como la competencia, igualdad y no discriminación. Además, actúa contra el Reglamento de la UE 537/2014, pilar de la Ley de Auditoría de Cuentas, que establece que debe existir la participación de entidades de menor tamaño en los procesos de licitación obligatoria, pública y periódica”.

A juicio de la presidenta de FORO, “el Consorcio para la Gestión de Residuos se ha convertido en un coto privado de los Fernández: el presidente del gobierno asturiano, Javier Fernández; la Consejera de las irregularidades, Belén Fernández; y el gerente de la empresa, Santiago Fernández, que no defienden los intereses particulares de los asturianos ni de los Ayuntamientos”.

“Como FORO viene denunciando y ya se puso en evidencia con SOGEPSA, bajo el paraguas de Belén Fernández el sector público asturiano practica la competencia desleal, teniendo que ser una vez más el control judicial el que saque a flote las irregularidades y el que fuerce a cambiar el criterio del gobierno socialista”, dice la presidenta de FORO.

En este sentido, Cristina Coto recuerda que “la obsesión interesada por parte del gobierno de Javier Fernández de construir una macro incineradora implicó una tramitación irregular del Plan de Residuos. Pero hay otras actuaciones que delatan igualmente la falta de transparencia en los procedimientos que se utilizan con esta empresa, como por ejemplo la propuesta de modificación de los Estatutos, que va encaminada a garantizar el establecimiento de la incineradora, llegando a proponer la reducción de quórum para la mayoría cualificada; o que se quiera elevar a la Consejera de las irregularidades, Belén Fernández, y al gerente, a la categoría de órgano unipersonal del Gobierno, sin regulación previa de sus competencias, atribuciones y límites”.