FORO Asturias - Domínguez de Posada: “El Gobierno no debe entregar ni un documento más del Archivo de Salamanca a la Generalitat de Cataluña”

Publicada por Pressy el 23/01/2019 13:05:01

Domínguez de Posada: “El Gobierno no debe entregar ni un documento más del Archivo de Salamanca a la Generalitat de Cataluña”

“FORO pide al Gobierno que se abstenga de realizar entrega documental alguna y que exija y actúe ante la Generalitat para la devolución al Archivo de Salamanca de toda documentación indebidamente recibida desde 2006”

“No cabe hablar con el Gobierno de Cataluña, dirigido por separatistas que quieren romper la unidad de España, sobre más entregas al mismo de documentos del antiguo Archivo General de la Guerra Civil Española”

La senadora Rosa Domínguez de Posada ha defendido en la Comisión de Cultura del Senado una moción de FORO en defensa de la integridad del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, ante la petición por parte de la Generalitat de Cataluña de miles de documentos y la disposición favorable del ministro de Cultura a atender esta reclamación.

En la moción, se exige al Gobierno de España “que se abstenga de realizar entrega documental alguna” y además, pide que “de acuerdo con la ley y las resoluciones judiciales, exija y actúe ante la Generalidad para la devolución al Archivo de Salamanca de toda documentación indebidamente recibida desde 2006, así como la devolución de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios”.

Domínguez de Posada considera que “no cabe hablar con la Generalitat de Cataluña, dirigida por separatistas que quieren romper la unidad de España, sobre más entregas a la misma de documentos del antiguo Archivo General de la Guerra Civil Española, pues el propio Ministerio de Cultura ya había afirmado en 2014 que con el envío anunciado al Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica en junio de dicho año, y realizado posteriormente, se producía la última restitución de documentos a la Generalidad de Cataluña en cumplimiento de la legalidad”.

“En cambio” –precisó la senadora- “sí consideramos del todo necesario que, ante la negativa y resistencia de la Generalitat a cumplir la Ley, y los requerimientos del Ministerio de Cultura realizados para la devolución de documentos de particulares que la Generalitat no había reintegrado a sus titulares, sin que el Gobierno de Cataluña haya atendido estas peticiones, el Estado ejerza las acciones pertinentes frente al gobierno catalán para hacer cumplir la legalidad vigente”.

Intervención de Rosa Domínguez de Posada en la Comisión de Cultura del Senado:

"El Gobierno socialista presidido por D. José Luis Rodríguez Zapatero, y con Dª Carmen Calvo (actual vicepresidenta del Gobierno de España) como Ministra de Cultura, promovió la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, conocida como la Ley del expolio del Archivo de Salamanca.

Esta Ley, que concedió a los nacionalistas/independentistas catalanes el triunfo de romper la unidad de un Archivo Nacional, entregando a la Generalitat de Cataluña una parte de su fondo documental, y dando carta de naturaleza a la pretensión nacionalista de que Cataluña no forma parte del Estado español (ni por tanto se siente representada en sus instituciones básicas, de las que forman parte también los archivos o museos estatales), contemplaba la entrega a la Generalitat de Cataluña, a los efectos de su restitución a sus legítimos titulares, de los documentos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, y custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española.

Pues bien, en los diversos envíos de esos documentos a la Generalitat de Cataluña no se cumplió la Ley 21/2005 que les servía de cobertura, pues se entregaron documentos de particulares que no fueron incautados en Cataluña ni eran catalanes, y tampoco se conservó (como ordenaba la Ley) copia digitalizada completa de todos los documentos restituidos.

De otra parte, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 31 de enero de 2013, estableció claramente que los documentos de particulares sólo se entregaban a la Generalidad para la restitución a sus legítimos titulares, de manera que, si no eran restituidos o no podían serlo, debían volver al Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.

El 18 de junio de 2014, el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica fue informado de la decisión del Ministerio de Cultura de llevar a cabo el último envío de documentos a la Generalitat de Cataluña, que fue consumado en meses posteriores. La Nota hecha pública por el Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, no dejaba lugar a dudas: “Con este envío finaliza el proceso de restitución de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña”.

Así mismo, en dicha Nota se daba pública cuenta de dos cuestiones que también habían sido trasladas y tratadas en el Patronato del CDMH:

1ª) Que, como literalmente decía la Nota: “Las últimas sentencias del tribunal Constitucional, emitidas en 2013, establecen que la Generalitat debe recibir los documentos de particulares para entregárselos a sus propietarios originales o a sus sucesores. En caso de no poder acreditar la entrega, tales documentos se deberán reintegrar en un archivo de titularidad estatal, como es archivo del CDMH. Debido al alto número de documentos pertenecientes a particulares y organizaciones que ya no existen o no poseen un sucesor claro, estos se han retirado del envío previsto inicialmente. Ejemplo de estas instituciones desaparecidas son el partido político Unión Patriótica, el Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Internacional Antifascista”.

2ª) Que, por el motivo anterior, y también en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional, el Ministerio iba a reclamar a la Generalitat de Cataluña que reintegrara “aquellos documentos remitidos en envíos anteriores y que, sin embargo, no ha podido devolver a sus propietarios, ya sean particulares u organizaciones que ya no existen o no poseen un sucesor claro”.

En coherencia con lo señalado, el Ministerio de Cultura del anterior Gobierno de España reclamó a la Generalidad el cumplimiento de la Ley, en los términos señalados por el Tribunal Constitucional, y la consecuente devolución de documentos de particulares que la Generalitat no había reintegrado a sus titulares legítimos (en muchos casos porque esos titulares habían manifestado que preferían que siguieran custodiándose en el Centro Documental de la Memoria de Salamanca), sin que el Gobierno de Cataluña haya atendido las peticiones del Ministerio de Cultura, en nombre del Estado.

La Generalitat de Cataluña se ha situado así, una vez más, en una situación de rebeldía respecto del cumplimiento de la legalidad vigente. Por ello, ha llamado poderosamente la atención que la Consejera de Cultura de la Generalidad de Cataluña haya solicitado al Ministerio de Cultura la devolución de varios miles de documentos adicionales, y, todavía más aún, que el actual Ministro de Cultura del Gobierno de España haya accedido a atender las reclamaciones de la Generalitat, sin exigirle antes firme y públicamente el cumplimiento estricto y sin más dilación de la propia Ley en que la Generalitat basa sus reclamaciones.

Por todo ello, entendemos que no cabe hablar con la Generalitat de Cataluña, dirigida por separatistas que quieren romper la unidad de España, sobre más entregas a la misma de documentos del antiguo Archivo General de la Guerra Civil Española, pues el propio Ministerio de Cultura ya había afirmado en 2014 que con el envío anunciado al Patronato del CDMH en junio de dicho año, y realizado posteriormente, se producía la última restitución de documentos a la Generalitat de Cataluña en cumplimiento de la legalidad.

En cambio, sí consideramos del todo necesario que, ante la negativa y resistencia de la Generalitat a cumplir la Ley, y los requerimientos del Ministerio de Cultura realizados a tal efecto, el estado ejerza las acciones pertinentes frente a la Generalitat de Cataluña para hacer cumplir la legalidad vigente.

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