Domínguez de Posada: “Si queremos que el impuesto hipotecario no recaiga en el contribuyente, hay que suprimirlo” 

“Cualquier otro camino -como el Real Decreto que acaba de aprobar el Gobierno- implicará que, finalmente, sea el contribuyente sobre el que termine repercutiéndose, vía subida del tipo de interés o vía comisión del impuesto”

“Para FORO no caben concesiones simplistas y electoralistas a corto plazo; el mejor camino para avanzar hacia la prosperidad de la ciudadanía y el crecimiento de la riqueza es la drástica reducción de todas las figuras y tipos impositivos y una legislación tributaria que proporcione seguridad a todos los obligados tributarios”

La senadora de FORO, Rosa Domínguez de Posada, apoyó hoy una moción sobre la reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados porque, como explicó, “si realmente queremos que no recaiga sobre el contribuyente este discutido impuesto lo que hay que hacer es suprimir el impuesto, o en su caso, incluir una exención en AJD, para los préstamos hipotecarios o, en su caso, propiciar una bonificación sobre la cuota como ocurre con el impuesto de sucesiones, lo que supondría el abono de una cantidad meramente testimonial”.

“Cualquier otro camino -como el Real Decreto que acaba de aprobar el Gobierno- implicará que, finalmente, sea el contribuyente sobre el que termine repercutiéndose, vía subida del tipo de interés o vía comisión del impuesto”, lamentó la senadora.

“Para FORO -afirmó- no caben concesiones simplistas y electoralistas a corto plazo. El mejor camino para avanzar hacia la prosperidad de la ciudadanía y el crecimiento de la riqueza es la drástica reducción de todas las figuras y tipos impositivos y una legislación tributaria que proporcione certidumbre y seguridad a todos los obligados tributarios”.

Intervención de Rosa Domínguez de Posada en el Pleno del Senado:

Gracias, Presidente.

Señorías, todos los medios han titulado en los últimos días que el Tribunal Supremo da la razón a los bancos y el impuesto de actos jurídicos documentados lo seguirán pagando los ciudadanos. El castillo de naipes elaborado por millones de españoles en su cabeza que ya veían de nuevo en sus bolsillos los euros abonados se derrumbó de un plumazo.

En pocas horas, el Gobierno de Sánchez acudiendo a la propaganda, la demagogia y el recurso fácil aprueba un Real Decreto en sentido contrario y obliga a los bancos a pagar el impuesto.

¿Recuerdan sus señorías los geniales diálogos de Groucho Marx? Hay uno que nos viene como anillo al dedo: “No se preocupe que no le voy a cobrar 10 dólares, se los voy a cobrar a otro para que él se los cobre a usted”

El Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un impuesto estatal de naturaleza indirecta cedido a las Comunidades Autónomas que sujeta a gravamen, entre otros: los documentos notariales que contengan cosa o cantidad evaluable, incluyendo por tanto la constitución de préstamos hipotecarios.

La definición de la ley es tan escueta y, en cierto modo, interpretativa que no cierra el debate. El artículo 29 de la citada ley dice: "Será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expiden".

Todo el lio al que hemos asistido gira sobre las últimas palabras de este artículo 29: "...O aquellos en cuyo interés se expida". Este matiz ha servido para que muchos entiendan que el prestatario no tiene interés en que se documente el préstamo en escritura pública y que se inscriba en el Registro, por lo que el obligado al pago sería en este caso el prestamista. Es decir, la Entidad Bancaria.

Si realmente queremos que no recaiga sobre el contribuyente este discutido impuesto lo que hay que hacer es suprimir el impuesto, o en su caso, incluir una exención en AJD, para los préstamos hipotecarios o, en su caso, propiciar una bonificación del 90% sobre la cuota como ocurre con el impuesto de sucesiones, lo que supondría el abono de una cantidad meramente testimonial. Cualquier otro camino -como el Real Decreto que acaba de aprobar el Gobierno- implicará que, finalmente, sea el contribuyente sobre el que termine repercutiéndose, vía subida del tipo de interés o vía comisión del impuesto.

En definitiva, somos los legisladores los obligados a poner en marcha leyes tributarias claras, que deberían irse perfeccionando y delimitando a través de la Administración Tributaria y de los Tribunales de Justicia.

Para FORO no caben concesiones simplistas y electoralistas a corto plazo. El mejor camino para avanzar hacia la prosperidad de la ciudadanía y el crecimiento de la riqueza es la drástica reducción de todas las figuras y tipos impositivos y una legislación tributaria que proporcione certidumbre y seguridad a todos los obligados tributarios.

Muchas gracias.