Landa: “El acuerdo para el Empleo y Progreso de Asturias, firmado entre Patronal, Sindicatos y Gobierno, no solo no se ha cumplido en materia de licitación pública, sino tampoco en la gran mayoría de las medidas de bienestar social”

“Un salario social que no cumple objetivos, una Ley de Dependencia paralizada o numerosas leyes, planes y programas pendientes de desarrollo lo evidencian”

“El incumplimiento en materia de licitación pública ha sido reconocido por el Gobierno, pero sin el mínimo ejercicio de autocrítica; culpan a la prórroga presupuestaria y a las limitaciones impuestas por el Gobierno central”

La diputada y portavoz de Bienestar Social de FORO en la Junta General, Esther Landa, ha manifestado hoy que “el  acuerdo para el Empleo y Progreso de Asturias, firmado entre Patronal, Sindicatos y Gobierno, no solo no se ha cumplido en materia de licitación pública, sino tampoco en la gran mayoría de las medidas de bienestar social. Este incumplimiento en materia de licitación pública ha sido reconocido por el Gobierno, pero sin el mínimo ejercicio de autocrítica; culpan a la prórroga presupuestaria y a las limitaciones impuestas por el Gobierno central. Son estas las principales razones por las que el Gobierno autonómico asegura no haber podido hacer viables los compromisos adquiridos en el acuerdo”.

 

“Sin embargo, sí nos ha sorprendido que las tres partes firmantes, según la información publicada en prensa, hayan dado por cumplidos los capítulos del acuerdo concernientes a bienestar social cuando el incumplimiento de la gran mayoría de tales acuerdos es indiscutible, un salario social que no cumple objetivos, una Ley de Dependencia paralizada o numerosas leyes, planes y programas pendientes de desarrollo lo evidencian”, subrayó.

 

Landa explica que “el primer capítulo referente al bienestar social hace alusión al salario social, recogiéndose una serie de medidas a poner en marcha entre 2013-2015. Hoy, en abril del 2015, podemos decirque la gran mayoría de ellas no se han llevado a cabo. Y como ejemplo, la mejora del reglamento del salario social o las medidas dirigidas a conseguir la inclusión social y laboral de los beneficiarios. Ni coordinación con el Servicio Público de Empleo para dar prioridad a los beneficiarios, ni conocemos estrategia alguna autonómica de inclusión social. La realidad es que este segundo objetivo del salario social, tan importante como la asignación económica, no se cumple en estos momentos desvirtuando en gran medida la finalidad de esta prestación. Tampoco se han llevado a cabo las actuaciones de acompañamiento sociolaboral a las que se hace referencia ni conocemos que se hayan impulsado las acciones de sensibilización que se recogen”.

 

“En cuanto a la dependencia – continúa explicando Landa- no entendemos cómo se puede dar por cumplido un pacto que recoge como una de las acciones principales en dependencia la priorización de los servicios frente a las prestaciones económicas, cuando la realidad es que estas prestaciones continúan representando en torno a un 45% de las prestaciones totales. En relación a garantizar la incorporación de nuevos beneficiarios, quizá deberían preguntarse cómo es posible que a la vez que se reducen las listas de espera el número de beneficiarios cae. No entendemos cómo puede darse por cumplido el pacto a la vez que es el propio IMSERSO el que, con la publicación de sus estadísticas mensuales, confirma el parón de la Ley de Dependencia en Asturias”.

 

“En materia legislativa, no se ha desarrollado la Ley de Accesibilidad y Calidad del Sistema de Servicios Sociales Públicos, ni se ha actualizado la Ley del Anciano, además de otros planes o programas que no se han puesto en marcha como el Plan de Accesibilidad del que llevan meses asegurando tener el borrador, los programas de empleo para las personas con discapacidad o el Plan Integral Socio-Laboral de Inmigración”, indicó.

 

Esther Landa, para finalizar, señala que “aquellas otras actuaciones que, aparentemente, han puesto en marcha, nos gustaría conocer su efectividad. Y me refiero por ejemplo, al Comité de Ética en intervención social, el Plan de Actuación para los Centros de Menores o el Programa de Intervención para los MENAS (menores extranjeros). Es igual de necesario que de las medidas puestas en marcha se hagan los oportunos seguimientos y evaluaciones para garantizar su correcto cumplimiento y permitir corregir posibles desviaciones, algo que no se está haciendo en la mayoría de los casos”.