Longo: “Los responsables de la crisis de los residuos de Asturias, que forman parte del Gobierno, deben ser apartados inmediatamente de sus cargos”

“En la contratación de la empresa Consulnima S.L. se recurrió a un fraccionamiento de contrato para simular apariencia de legalidad creando una situación dramática para nuestro medio ambiente”

“Entendemos que los responsables políticos son Vanesa Pérez Díaz, Directora General de Aguas y Calidad Ambiental, Belén Fernández actual Consejera de Fomento, Francisco González Buendía, como Consejero de Medio Ambiente, y Vicente Álvarez Areces”

“Queda acreditado el intento de engaño al BEI con la presentación de documentos falseados intentando hacer creer que había un Plan de Residuos en tramitación”

El diputado y portavoz de FORO en la Comisión del Plan de Residuos, Albano Longo, ha manifestado hoy que “desde FORO, y tras haber impulsado esta Comisión de Investigación sobre las presuntas desapariciones de documentos relativos al Plan Territorial Especial Supramunicipal para el tratamiento centralizado de residuos de Asturias, y a la contratación del Plan de Residuos 2011-2020, se desprenden las siguientes conclusiones. Primero, y respecto a la contratación del plan de residuos, los contactos y encargos con la empresa Consulnima S.L. se detectan una vez más los vicios ya delimitados en su día en la Comisión de Investigación Marea, recurriendo de manera descarada a un fraccionamiento de contrato, para simular una apariencia de legalidad que terminó creando una situación dramática para nuestro medio ambiente y gravísimos daños de todo orden que recaen sobre el conjunto de la ciudadanía”.

 

“En relación a la desaparición de la alegación del Colectivo de Vega en defensa del medio rural –añade el diputado de FORO- dichas alegaciones ‘se perdieron’ pese a haber sido registradas, lo que trajo como consecuencia que el citado Colectivo interpusiera recurso contencioso-administrativo ordinario ante, justamente, el hecho de que sus alegaciones no fueron contestadas motivadamente. Que condujo a que se dictase sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que llevó a la anulación del Plan Territorial Especial del Área de Tratamiento Centralizado de Asturias”, indicó.

 

Longo ha explicado que “respecto a la infracción del derecho de la información y la participación en asuntos medioambientales, el informe de la Inspección General de Servicios determina que hubo una conducta negligente, por lo que se ha producido un daño evidente a la Administración del Principado”, y añade que “el informe reconoce que la alegación pasó por dos unidades administrativas, el Registro, y la Dirección General, a cargo de Vanesa Pérez, cuya superior jerárquica era la Viceconsejera Belén Fernández, y por encima de ésta el Consejero Francisco González Buendía”.

 

“Así, el inspector general de servicios, responsabiliza a la directora general de medio ambiente entre 2007 y 2011, que a su juicio ‘debería haberlo remitido a la CUOTA, órgano que tramitaba el expediente urbanístico’, con los perjuicios patrimoniales que provocó esta desaparición”, apunto.

 

Albano Longo ha continuado explicando que “entendemos que los responsables políticos son doña Vanesa Pérez Díaz, en su condición de Directora General de Aguas y Calidad Ambiental; doña Belén Fernández González, actual Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y Viceconsejera de Medio Ambiente durante el periodo en que se produjeron los hechos objeto de investigación y encargada de la elaboración del Plan de Residuos 2011-2020; don Francisco González Buendía, como Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por ser el máximo responsable político de la Consejería; y don Vicente Álvarez Areces, como ex Presidente del Principado, y máximo responsable político del Gobierno”.

Además el diputado añade que “cabe concluir unas responsabilidades políticas comunes a doña Vanesa Pérez Díaz, doña Belén Fernández González, don Francisco González Buendía y don Vicente Alberto Álvarez Areces en el ejercicio de sus respectivos cargos, con base en todo el cúmulo de irregularidades y actuaciones que rozan lo delictivo en el ejercicio de sus cargos, pueden traspasar, a nuestro juicio, y en numerosas ocasiones, límites que no es nuestra competencia delimitar, con evidencias de que se actuó en numerosas ocasiones de manera demostrada al margen de la Ley, que es lo que explica cómo se produjo la anulación del contrato de la incineradora y del Plan Territorial Especial, dos hechos incontrovertibles, que tienen como consecuencia los consiguientes daños patrimoniales que deben ser exigidos personalmente a los responsables de los mismos en vía judicial mediante la acción de responsabilidad que resulte oportuna”.

 

“Las consecuencias de la anulación del contrato de la incineradora y del Plan Territorial Especial va mucho más allá de esas responsabilidades patrimoniales, por los daños al interés general que se objetivan en los gastos generados por los expedientes anulados, que son causa de una crisis de residuos en la que nos encontramos, al producirse ya este año, de acuerdo con las previsiones técnicas, la colmatación del vertedero, por lo que los responsables de esta crisis de residuos de Asturias, que forman parte del Gobierno, deben ser apartados inmediatamente de sus cargos, caso de la hoy consejera Belén Fernández González, y su ejercicio reprobado, al margen de la depuración de las responsabilidades patrimoniales apuntadas en el apartado anterior”, subrayó.

 

Para concluir Longo afirma que “queda acreditado el intento de engaño al BEI, con la presentación de documentos falseados al mismo, intentando hacer creer que había un Plan de Residuos en tramitación, lo que sin duda puede comportar responsabilidades de orden judicial que deben ser analizadas y valoradas en la instancia judicial oportuna a la que proceda remitir el conjunto de la documentación reunida por la Comisión”.