Oblanca: “Frente a la justicia universal, la Corte Penal Internacional (CPI) garantiza la universalización y protección de los derechos humanos”

“Si aceptamos que desde España, según criterios de jueces y tribunales, se pueda penetrar en la soberanía de otro Estado, podremos tener serios problemas de reciprocidad de países con mucha democracia de boquilla y de propaganda, y muy poca democracia de hechos y de derechos”

“Eso no significa que España eluda el combate contra genocidas y otros criminales. Ni impunidad, ni inmunidad. España apoyó y ratificó la iniciativa de la ONU para crear la CPI, que entró en vigor en 2002”

Isidro Martínez Oblanca, diputado nacional de FORO, votó en el Pleno del Congreso de esta pasada semana en contra de una proposición de ley presentada por ERC de reforma de la actual Ley del Poder Judicial, para derogar la reforma de la justicia universal de 2014 y cuya aprobación significaría, en su opinión, “un retroceso a 2009”.

“Si aceptamos que desde España, a cuenta de criterios de jueces y tribunales, se pueda penetrar en la soberanía de otro Estado, estaremos sentando las bases para tener serios problemas derivados de comportamientos recíprocos que, además, con toda seguridad, procederán de países con mucha democracia de boquilla y de propaganda, y muy poca democracia de hechos y de derechos”, dijo.

“Eso no significa –explicó Oblanca- que España eluda el combate contra genocidas y otros criminales. Ni impunidad, ni inmunidad. España apoyó y ratificó la iniciativa de la ONU para crear la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en 2002, y que ha supuesto un salto histórico hacia la universalización y protección de los derechos humanos”.

Isidro Martínez Oblanca puso en valor un tribunal “que es el primero supranacional de carácter permanente, encargado de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos por personas individuales”.

Intervención de Isidro Martínez Oblanca en el Pleno del Congreso de los Diputados :

Muchas gracias, señora presidenta:

Estamos ante un asunto recurrente en los últimos años en las Cortes Generales y de hecho la propuesta defendida por el diputado señor Tardá incide en algunos planteamientos que son poco novedosos en esta tribuna.

Coincide que aquí solo aparecieron las preocupaciones por la Justicia Universal cuando  el gobierno impulsó la homologación de nuestro sistema procesal a lo que ya se hacía en otros grandes países europeos, y adaptó nuestro marco jurídico a las pautas internacionales y a las Convenciones y Convenios de los que España es firmante.

Como acaba de reiterar el portavoz de ERC, esta homologación a lo que hacen otros grandes países europeos no les sirve y trata de revertirla reeditando el intento socialista de finales de 2014 para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la mejora de la justicia universal, una Ley que se había reformado ese mismo año con el fin de circunscribir la extensión de la jurisdicción fuera de nuestras fronteras a los ámbitos previstos por el derecho que deban ser asumidos en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España.

En FORO estamos en desacuerdo con esta propuesta del grupo ERC porque si ahora retrocedemos a 2009, si aceptamos que desde España, a cuenta de criterios de jueces y tribunales, se pueda penetrar en la soberanía de otro Estado, estaremos sentando las bases para tener serios problemas derivados de comportamientos recíprocos que, además, con toda seguridad, procederán de países con mucha democracia de boquilla y de propaganda, y muy poca democracia de hechos y de derechos.

¿Quiere esto decir que en España debemos eludir el combate contra genocidas y otros criminales de la peor calaña? ¿Impunidad con sus actos? En absoluto. Ni impunidad, ni inmunidad. De hecho España apoyó y ratificó la iniciativa de la ONU para crear la Corte Penal Internacional que entró en vigor en 2002 y que ha supuesto un salto histórico hacia la universalización y protección de los derechos humanos. Este es el primer tribunal supranacional de carácter permanente encargado de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos por personas individuales.

Resulta paradójico, señor Tardá, que ustedes y sus socios ocasionales de “Juntos por el sí” que, al alimón, ponen continuamente en solfa las reglas más sagradas del ordenamiento jurídico -comenzando por la Constitución Española- duden, siembren sospechas y malicien de la calidad democrática de nuestra justicia hasta el punto de recetar que hay que reengrandecerla y elevar nuestra altura moral en el compromiso colectivo en la defensa de los derechos humanos, como si en España hiciésemos la vista gorda ante cuestiones de tanto calado como el combate contra los delitos más graves de relevancia internacional.

No solo no hacemos la vista gorda sino que incluso reconforta ver como la pasada semana expresidentes del gobierno de España muy distantes ideológicamente, o hace unos meses una gran mayoría de los diputados en esta Cámara nos posicionamos frente a persecuciones totalitarias en defensa de la libertad.

Muchas gracias.